Ulises Ruiz se debe ir para contribuir al restablecimiento de la gobernabilidad, el orden jurídico y la paz en Oaxaca, coincidieron ayer todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, en lo que representa un giro dramático en las posturas del PAN y del PRI, que hasta ahora habían sostenido artificialmente a un sátrapa que fue electo para gobernar y no lo ha hecho, incluso negando la declaratoria de desaparición de poderes en el estado.

En la Cámara de Diputados, el exhorto fue firmado por seis partidos políticos, encabezados por el PRD y el PAN, al que se sumaron Convergencia, PT, Nueva Alianza y PASC. Y aunque el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (una franquicia política que suele venderse al mejor postor en cada proceso electoral, y lo mismo hizo alianza con el PAN en el 2000 que ahora es rémora del PRI) se negaron a suscribirlo, ninguno de sus legisladores subió a la tribuna a defender a Ulises Ruiz. Sin embargo, el coordinador de los diputados priístas, Emilio Gamboa, apeló a la “conciencia” del gobernador Ruiz para evaluar si puede mantenerse en el cargo o no.

En el Senado de la República, hasta el PRI se sumó a un punto del acuerdo que es una copia del resolutivo de los diputados y que en la Cámara alta fue firmado por las bancadas del PRD, PAN, PT y Convergencia. La vehemente defensa que hizo el PRI de su gobernador en Oaxaca se fundaba en los cálculos más mezquinos de la política mexicana, utilizándolo como moneda de cambio para someter al próximo presidente de la República a intereses más acostumbrados a medrar desde el poder que dirigidos a buscar un reposicionamiento desde la oposición. Ulises Ruiz se ha convertido en un pesado fardo para el PRI, que por fin parece haberse dado cuenta de que los costos de la tragedia que vive Oaxaca no sólo es imposible de que pueda endosárselos completos a la presidencia de Vicente Fox, sino que ya comparte la responsabilidad por el baño de sangre que se ha iniciado.

Pero, en el colmo del cinismo, Ruiz presentó ayer mismo una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juzgue si el Poder Legislativo puede hacerle un exhorto a separarse del cargo.

Lo cierto es que la permanencia así sea nominalmente en el poder de Ulises Ruiz ha rebasado el límite de toda racionalidad política y sus días están contados. Si como todo indica se sigue aferrando a un cargo que no ejerce, se refuerza la posibilidad de que los partidos políticos en la Cámara de Diputados acepten la propuesta del PRD para iniciarle un juicio político que podría significar no sólo su remoción sino un proceso por la vía penal si se le presume responsabilidad en los crímenes ocurridos en los últimos cinco meses contra militantes de la APPO y de la Sección 22 del magisterio, entre los que están al menos cuatro muertos más este fin de semana, uno de ellos menor de edad y una mujer cuyo cadáver presentaba evidencias de haber sido violada antes de ser asesinada.

Por lo pronto, la ciudad de Oaxaca vive en un estado de sitio virtual, ocupada por miles de elementos de fuerzas federales que incursionaron anteayer en el centro de la capital del estado y disolvieron las barricadas de la APPO, previamente abandonadas por los activistas, quienes regresaron ayer a zonas cercanas a sus posiciones originales, ahora copadas por la Policía Federal Preventiva. El grueso de las columnas de la APPO se encuentra atrincherado en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez.

Pese a la sangre derramada, el presidente Vicente Fox dijo ante representantes del sector bursátil que Oaxaca se había recuperado “con saldo blanco”, pero ni ellos le creyeron, y la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una de sus peores caídas, al retroceder 1,73 por ciento el Indice de Precios y Cotizaciones.

Tanto Fox como el secretario de la Gobernación, Carlos Abascal, negaron que los cuatro muertos hayan sido resultado del operativo policial desplegado por orden del Ejecutivo nacional. No obstante, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, declaró ayer que el operativo “no fue limpio en cuanto a que hubo muertos y tenemos que ver cómo fueron tratados los detenidos; y en general yo creo que mientras sigan ellos pertrechados en Ciudad Universitaria, yo creo que el operativo no ha terminado”. Tiene razón Flavio Sosa, integrante de la dirección colectiva de la APPO, al advertir que “se está incubando una gran confrontación en el sudeste mexicano”.