La represión en el sureño estado mexicano causó la reacción de manifestantes en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos, además de funcionarios de las Naciones Unidas. En México aumenta la presión para que renuncie Ulises Ruiz.
› Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D.F.
La toma policíaca y militar de Oaxaca provocó una oleada de indignación en el mundo y movilizaciones de decenas de organizaciones civiles y sindicales por todo el país. El repudio a la ocupación de Oaxaca con policías federales y militares para “recuperar” la plaza tomada hace cinco meses por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca rebasó las fronteras mexicanas y se expresó en Estados Unidos y en Europa mediante mítines de protesta frente a consulados y embajadas de México en Madrid, Barcelona, Roma, Berlín, Hamburgo, Munich, París, Marsella, Tolosa, Munster, Londres y en al menos 14 ciudades estadounidenses, entre las que se destacan Chicago, Filadelfia, San Francisco, Los Angeles y Nueva York. Todas estas acciones de protesta se suman al llamado que hicieron el domingo la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como Amnistía Internacional, para detener presuntas violaciones a derechos humanos durante el operativo policíaco que se inició la noche del viernes.
Mientras tanto en el Distrito Federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, una facción disidente del sindicato nacional a la que está afiliada la Sección 22 oaxaqueña) amagó con “acciones de desestabilización” por todo el territorio nacional en caso de que el gobernador priísta Ulises Ruiz se sostenga en el cargo y que el gobierno del presidente Vicente Fox mantenga la presencia de fuerzas federales en aquella ciudad. Una primera acción sería un paro de labores de 400 mil profesores en unas 30 mil escuelas. Por lo pronto, en Michoacán, se anunció la salida de 3 mil maestros hacia Oaxaca para apoyar las acciones de resistencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y un paro indefinido de labores en 10 mil escuelas del estado. Mientras, en el Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua, cientos de personas marcharon en solidaridad con la APPO y para exigir al gobierno de Fox que detenga la estrategia de violencia contra ese movimiento civil.
Ayer, la Policía Federal Preventiva seguía ocupando el centro de la ciudad de Oaxaca, mientras los militantes de la APPO se concentraban en un parque cercano al Zócalo y colocaban nuevas barricadas en calles adyacentes. La noche del lunes se registraron varios enfrentamientos y ayer se confirmó que al menos una persona murió a manos de la policía, atravesado por una granada de gas lacrimógeno.
En la Ciudad de México, el Frente Amplio Progresista que integra a los partidos que postularon para presidente a Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT y Convergencia) anunció que se sumará a las movilizaciones que presionan para obligar a Ulises Ruiz a dejar el cargo. López Obrador encabezó ayer un mitin en apoyo de la APPO durante el cual reiteró su condena al uso de la fuerza pública en Oaxaca y advirtió que la presencia de policías federales y de tropas militares en ese estado “abre la puerta a una mayor violencia y a más víctimas”. La víspera, calificó de “inadmisible” el costo en vidas del operativo del pasado fin de semana y exhortó a no permitir que minorías privilegiadas cierren las vías democráticas que impulsan cambios urgentes para el país: “No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras se reprime a otros mexicanos que luchan pacíficamente por la democracia y la justicia”.
Por su parte, el Subcomandante Marcos reiteró el apoyo total del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la APPO y anunció el cierre de carreteras para hoy en el vecino estado de Chiapas en demanda de la salida de Ulises Ruiz, el retiro inmediato de las fuerzas federales de ocupación, la libertad inmediata e incondicional de todos los detenidos, la cancelación de todas las órdenes de aprehensión y el castigo a los asesinos.
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