Por primera vez un dictador uruguayo estará tras las rejas. Montevideo se conmovió ayer cuando el juez Roberto Timbal ordenó la captura del ex dictador Juan María Bordaberry y su ex canciller Juan Carlos Blanco. Los acusó de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de dos militantes del movimiento Tupamaro, Rosario Barredo y William Whitelaw. Uno de los primeros en celebrar la decisión judicial fue el presidente de la Nación. “Habló la Justicia y se hizo justicia”, afirmó sin disimular su alegría Tabaré Vázquez. Anoche la policía ya había detenido a Blanco y se preparaba para ir a buscar a Bordaberry a su estancia, a unos 200 kilómetros de la capital.

Esta era una de las condenas más esperadas por los organismos de derechos humanos del país, que hace sólo unas semanas atrás ya habían recibido la buena noticia del primer procesamiento de militares retirados por crímenes cometidos durante la última dictadura. Mateo Gutiérrez, el hijo de uno de los senadores asesinados, aseguró que la prisión de Bordaberry sólo confirma lo que venían denunciando hacía años. “Debe servir como reconocimiento constitucional”, afirmó, haciendo referencia a la otra causa que enfrenta el ex dictador, por atentar contra la Constitución, entre otros delitos. El otro que festejaba anoche era el senador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini, hijo del otro senador asesinado.

Bordaberry había asumido la Presidencia con el apoyo de los votos en 1972. Sin embargo, su espíritu democrático decayó rápidamente. A poco más de un año de estar en el gobierno decidió recurrir a la ayuda de las fuerzas armadas para disolver el Parlamento, instaurando de hecho una dictadura. La alianza entre los militares y Bordaberry duró tres años, hasta que lo destituyeron, usando las mismas armas que él había traído a la escena política. El resultado fueron nueve años más de dictadura sangrienta y represiva, que terminó con la vida de alrededor de 300 personas.

A pesar de este nefasto saldo, los máximos responsables nunca habían sido juzgados, ni siquiera se habían acercado a los juzgados. Todos, militares y policías, gozan del amparo de la Ley de Caducidad, una amnistía aprobada por el gobierno de Julio María Sanguinetti y ratificada más tarde en una consulta popular. Sin embargo, la llegada al poder del FA empezó a cambiar un poco las cosas. Aunque el presidente Vázquez no ha querido anularla, como pedían los organismos de derechos humanos, sí ha comenzado a explotar sus puntos débiles. La amnistía no incluye los asesinatos, secuestros y desapariciones en el exterior, ni ampara a los mandos civiles, como Bordaberry y Blanco.

Por eso, desde hace ya varios meses, los militares uruguayos que actuaron durante la dictadura tienen miedo. Es una sensación nueva, habían destacado varios dirigentes de derechos humanos cuando comenzaron a salir las primeras citaciones contra oficiales retirados. El auto de procesamiento contra Bordaberry y Blanco se sumó a otro fallo sin precedentes. En septiembre pasado, el juez Luis Charles procesó por primera vez a ocho ex militares y policías por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir, en el caso de un uruguayo desaparecido en Buenos Aires en 1976, Adalberto Soba, en el marco de la represión coordinada entre las dictaduras de la región, más conocida como el Plan Cóndor.

Los cuatro asesinatos por los que se ordenó la prisión de Bordaberry y su ex canciller Blanco también tuvieron lugar en Buenos Aires y en el mismo año. Como muchos perseguidos por la dictadura de Bordaberry, los senadores Michelini y Gutiérrez Ruiz habían encontrado refugio en el gobierno peronista. Pero todo cambió con el golpe militar de 1976. Sólo dos meses después, los dos legisladores fueron secuestrados y nunca más se supo de ellos.

Bordaberry, de 77 años, no tendrá que responder solamente por estas muertes, sino que también le esperan juicios por otros delitos. Hace ya varios meses que los dos ex dirigentes de facto enfrentan un juicio penal por los delitos de atentado a la Constitución, coautoría de privación de libertad y homicidio. La fiscal Ana María Tellechea ya había pedido el procesamiento de Bordaberry por este caso y la jueza a cargo, Graciela Gatti, había decretado el cierre de fronteras para el ex dictador desde fines de octubre pasado. Por eso, mientras los familiares de las víctimas no dudan que la defensa de Bordaberry y Blanco apelarán la orden de prisión, también tienen la esperanza de que dentro de poco la jueza Gatti tome la misma decisión que tomó ayer su colega Timbal.