Al cumplirse 96 años del inicio de la primera revolución social del siglo XX, México tendrá tres presidentes: el constitucional, aún en funciones –que ha desdeñado el poder–; el formalmente electo, con una carga de ilegitimidad no vista desde 1988 –cuando un presunto fraude electoral llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari–; y el que se autoproclamará hoy como el realmente “legítimo”. Este último, Andrés Manuel López Obrador, culminará así el largo proceso de crisis postelectoral con un acto público en el que reivindicará su derecho a ejercer la resistencia a la administración de Felipe Calderón (el presidente electo), quien –menos de dos semanas después, el 1º de diciembre– debería recibir la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, luego de que Vicente Fox se despoje de ella, cumpliendo así el ritual político de transmisión de poderes. Si los dejan.

El Partido de la Revolución Democrática, que postuló López Obrador junto con el Partido del Trabajo y Convergencia Democrática y que ahora integran el Frente Amplio Democrático, ha advertido que impedirá la toma de posesión de Calderón, mientras que el derechista Partido Acción Nacional sostiene que la ceremonia oficial habrá de realizarse “a como dé lugar”, incluso con el uso de la fuerza pública federal. Por lo pronto, el Palacio Legislativo se encuentra ya militarizado. De nada sirvió tampoco el tibio acercamiento intentado por Calderón la semana pasada, cuando envió una carta a los dirigentes de los partidos de izquierda alegando una docena de coincidencias en la agenda legislativa. La respuesta del PRD es que el derechista “olvida que hay una diferencia fundamental: nuestra certeza de que él no ganó la presidencia y que por consiguiente no merece consideración o respeto alguno”. De existir algún diálogo, se dará entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, “no así con un sujeto que ni siquiera tiene la certidumbre de que podrá tomar protesta en un cargo que no le corresponde”.

Por lo pronto, López Obrador asumirá hoy como “presidente legítimo”, en una ceremonia posterior al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, ahora organizado por el gobierno perredista de la Ciudad de México, pues la ceremonia tradicional fue cancelada por Fox, quien se limitará a dar un discurso desde la residencia oficial de Los Pinos.

López Obrador no contará con ninguna atribución legal ni administrativa para ejercer un cargo que obviamente no existe, pero sí cabe recordar que tendrá la autoridad moral que le dan los 15 millones de votos recibidos el 2 de julio para defender un proyecto de nación que fue impedido de llegar al poder no sólo mediante el sufragio de otro tanto de la ciudadanía sino mediante el uso indiscriminado de recursos públicos desde el Ejecutivo; vacíos jurídicos que alentaron una ofensiva concertada entre gobierno y empresarios. Las autoridades electorales fueron parciales a favor de un partido y su candidato. Llegó la instancia de apelación institucional que –sin rubor alguno– dio fe del cúmulo de irregularidades registradas antes y durante los comicios federales, pero prefirió avalar un resultado controvertible antes que encontrar una fórmula que permitiera despejar cualquier asomo de duda, como exigía la izquierda. Podría alegarse que Calderón cuenta con la misma catadura moral para ejercer el poder que le fue entregado por una diferencia a favor de poco más de 200 mil votos, pero es precisamente todo lo anterior lo que merma su legitimidad y le da un peso distinto al aval ciudadano recibido en las urnas.

Lo que a partir de este 20 de noviembre estará abiertamente enfrentado en México no es un país de pobres contra un puñado de ricos –por más que en los hechos estos últimos operen en esa lógica hacia los primeros– sino algo más de fondo: se trata de la defensa del derecho a un contrato social que recupere los derechos del pueblo frente al autoritarismo y enajenación del poder en manos de un grupo privilegiado que se ha apropiado del presente y del futuro de todos.

Calderón vivirá en Los Pinos y desde ahí intentará despachar como presidente; eso es algo que ni la anunciada amenaza de impedir su toma de posesión evitará. Pero de eso a gobernar este país hay un largo trecho por el que no podrá transitar ya no digamos sin el acompañamiento de dos terceras partes de la ciudadanía que no votó por él, sino que deberá empeñar el esfuerzo inicial de su gestión en impulsar y consensuar las reformas de Estado pospuestas por la administración foxista que permitan construir el entramado jurídico y político de una democracia incluyente.

Para eso estará López Obrador, con su gabinete alterno y su brazo institucional autónomo (el Frente Amplio Progresista), para ejercer la resistencia crítica, activa y pacífica en los asuntos de la nación mediante una red nacional de activistas que ha construido y que esté dispuesta a movilizarse por todo el país cuando la defensa de los intereses de la mayoría lo exija. Eso es lo que ser oposición significa y requiere. Calderón no tendrá mucho espacio de maniobra ni tiempo para demostrar que –a diferencia de su antecesor– él sí entiende lo que significa y se necesita en este país para ser gobierno; y lo debe poner en práctica, o se pliega a los intereses que lo instalaron ahí para que nada cambie.