Desde Caracas

Cuando la campaña de cara a las presidenciales del 3 de diciembre va entrando en la recta final, la mirada de millones de venezolanos se vuelve a posar sobre los medios de comunicación. Es que en el día a día son ellos, por ambos lados, actores decisivos de la polarización que vive el país, con herramientas como el silenciamiento de información, la parcialidad en la cobertura de las campañas y la editorialización. Así es como resulta tan difícil encontrar algún dirigente oficialista entrevistado por el canal privado Globovisión, como que la estatal Venezolana de Televisión (VTV) deje por un momento de lado el seguimiento de la agenda presidencial para transmitir un acto del candidato opositor Manuel Rosales.

Las encuestas sirven de ejemplo. Como comentaba a Página/12 el periodista de VTV, Ernesto Villegas, “la objetividad, en este contexto, puede ser una bandera chavista. Publicar una encuesta que señale un triunfo de (Hugo) Chávez de más de 20 puntos no tiene nada de subversivo ni de revolucionario, pero hacerlo hoy es una actitud editorial que te marca”. En consecuencia, el diario opositor El Nacional, en su editorial del 17 de noviembre titulado “Encuestas perdedoras”, dio a conocer su decisión de no publicar ningún sondeo. Javier Pereira, redactor de política nacional del diario, justificó la actitud argumentando que “el silenciamiento se aplica a los dos lados; hay silencio también sobre las encuestas que dan como ganador a Rosales”.

Todo indica que este rol fundamental como sujetos políticos en el proceso electoral se verá magnificado si se tiene en cuenta que tanto el candidato a presidente como Rosales cerrarán sus campañas en Caracas el este fin de semana, a pesar de que la legislación les permite continuar con actos proselitistas hasta el jueves 30. Los temores de sectores del oficialismo es que sean los medios privados, que manejan actualmente el 90 por ciento del espacio radioeléctrico, los encargados de crear un clima de incertidumbre en el último tramo para dar, después, un golpe de Estado mediático como lo hicieron el 11 de abril de 2002.

“Si son inteligentes deberían ir por el camino de la legalidad, considerando que siempre que intentaron lo contrario han sido derrotados por el pueblo”, dijo el presidente de Telesur y ex ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra.

La relación de los medios privados con el gobierno no fue siempre igual. En un primer momento, cuando Chávez ganó las elecciones en 1998 y modificó las Constitución en 1999, la oposición no reaccionó con radicalidad ante la muerte de la IV República (como es conocido el bipartidismo del socialdemócrata Acción Democrática y del socialcristiano Copei que gobernó el país desde la caída en 1958 del dictador Marcos Pérez Jiménez) y el comienzo de una nueva etapa que parecía quedarse en lo simbólico.

Es recién con las polémicas leyes habilitantes de fines de 2001 –entre las que se destacan la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca– que comienza la confrontación. El giro se debe a que con ellas se tocaban intereses, pasando del gran marco que imponía la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la realidad concreta. La ofensiva de la oposición llegó a su punto culminante con el golpe de Estado del 2002 y con el paro petrolero que durante 63 días, desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, puso en jaque al país.

Ante la falta de liderazgo de una muy heterogénea oposición, fueron los medios masivos los voceros del proceso. Prueba de ello son los diarios El Nacional del 11 de abril y El Universal del 12, cuyos titulares, según el libro Los documentos del Golpe, de la Fundación Defensoría del Pueblo, fueron: “La batalla final será en Miraflores” y “¡Se acabó!”.

Así fue como se convirtieron en enemigos y en blanco de amenazas por parte del gobierno. El 7 de diciembre de 2004 fue sancionada por la Asamblea Nacional la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) que, según la organización civil opositora Súmate, “incrementa el control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó en aquel entonces que la ley crea un sistema de control sobre las informaciones de los medios radioeléctricos que permite la intromisión estatal en los contenidos de los medios. Ante esta situación exhortó al gobierno de Venezuela a derogarla, por considerar que es incongruente con los principios básicos de libertad de expresión y de prensa. “La SIP no tiene vergüenza, para ellos la libertad de prensa no es más que la libertad de empresa dentro del área de la comunicación. Esta es la única dictadura del planeta en la que todos los días se denuncia a través de los medios que se viola la libertad de prensa. Yo no creo que eso esté en peligro en la Venezuela revolucionaria”, respondió Villegas.

Producto de estas circunstancias, nació la nueva iniciativa gubernamental en el campo mediático, que hasta el momento se basaba en “el éxito de Chávez, a título individual, como comunicador y no en estrategias pensadas como producto de laboratorio”, agregó Villegas. El lanzamiento del diario VEA, de Vive TV y de Telesur, responden a esta nueva lógica. Mientras VTV se encarga de la batalla coyuntural con programas de adoctrinamiento como “La Hojilla” –que de lunes a viernes por la noche imita durante varias horas los extensos “Aló Presidente” dominicales–, los dos nuevos canales estatales pretenden otro tipo de construcción. “Vive es una especie de salto cualitativo a la masividad de los medios comunitarios, es el Estado asumiendo la comunicación de la gente para la gente, y el único que tiene un rol a largo plazo en la batalla comunicacional. VTV, en cambio, tiene objetivos cortoplacistas y Telesur pretende cambiar el orden comunicacional y ser formador de opinión a nivel latinoamericano”, afirmó el periodista de VIVE, Pablo Taricco.