El discreto desfile de represores continuó ayer en el despacho del juez federal Claudio Bonadío, que interrogó a doce acusados de los secuestros y asesinatos de dieciocho militantes montoneros. Entre los militares detenidos que fueron llevados ante el magistrado están el ex jefe del Batallón 601, Carlos Alberto Tepedino, y el ex comandante del II Cuerpo de Ejército, Luciano Adolfo Jaúregui. El lunes había cumplido con el trámite el único de los 44 acusados que continúa en actividad, el coronel Alberto Crinighan y hoy lo haría el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.
Tepedino estuvo al frente del Batallón 601 entre octubre de 1973 y setiembre de 1979. Luego pasó a desempeñarse como titular de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Interior, donde permaneció hasta el fin de la dictadura. Fue el que organizó el secuestro de los montoneros que regresaban desde el exterior, hecho que investiga Bonadío. Durante todo el mandato del general Martín Balza fue “adscripto” al departamento de Informática de la jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Tepedino tiene pedido de captura dictada por el juez español Baltasar Garzón.
Jaúregui fue arrestado por el magistrado por haber comandado la zona II del Ejército. Desde diciembre de 1977 fue segundo jefe y entre febrero de 1979 y diciembre de 1980 fue el patrón. Esa zona abarcaba las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones y Corrientes. En esa última provincia está Paso de los Libres, frontera con Uruguayana, donde fueron detenidos Lorenzo Viñas y el cura Jorge Adur.
Otros represores que se presentaron ayer ante Bonadío fueron el coronel retirado Antonio Herminio Simón, jefe del destacamento de Inteligencia 123, de Paso de los Libres y Juan Carlos Gualco, quien se cruzó en el juzgado con Claudia Allegrini, viuda de Viñas e impulsora de la causa.
Ayer se supo que otro acusado interrogado el lunes, además de los generales Jorge Olivera Rovere y Juan Ramón Mabragaña y el coronel Pascual Guerrieri, fue Crinighan. Se trata del único de los 44 imputados que está en actividad. Fue jefe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto y hasta su detención se desempeñaba como enlace entre el Ministerio de Defensa y el organismo de inteligencia que depende de la SIDE creado por la nueva ley de seguridad. El arresto de Crinighan fue junto con el de Mabragaña -considerado héroe de Malvinas– lo que más ofuscó al Ejército. En su declaración ante Bonadío, Crinighan negó tener vinculaciones “personales y funcionales con los hechos”, es decir con los secuestros, torturas y homicidios de las dieciocho personas que se investigan en el expediente.
Quien parece haber sido uno de los más locuaces al presentarse ante el magistrado fue Guerrieri. El hombre, que estuvo a cargo del destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, afirmó que esta causa judicial “es una persecución política”. Trascendió que hizo una “defensa ideológica” de la represión ilegal en tono “desafiante” y “fundamentalista”. Guerrieri fue señalado como uno de los auxiliares de Galtieri en Santa Fe y, particularmente, en el centro clandestino de detención “Quinta de Funes”. En democracia, fue presentado en la SIDE como “el compañero Guerrieri” por Juan Bautista Yofré durante su gestión al frente del organismo. Revistó como “inorgánico” hasta que fue desvinculado por Fernando De Santibañes. Galtieri podría ser indagado hoy. El dictador, que fue indultado dos veces, una para no cumplir la sentencia a doce años por la guerra de Malvinas y otra para no ser juzgado por violaciones a los derechos humanos, permanecía en su domicilio debido a que padecía una “afección cardíaca”. Pero hoy se termina el tiempo de reposo que tenía por prescripción médica y si no vuelve a presentar una excusa, debería responder sobre los secuestros y asesinatos cometidos por la dictadura mientras era jefe de las zonas I y II del Ejército.
En esta causa aún hay diez prófugos. Cuando Bonadío termine de interrogar a los acusados que se encuentran a su disposición, deberá decidir si los mantiene presos por privación ilegal de la libertad,torturas y homicidios. Al dictar esta medida, declararía nuevamente la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.