Desde Santa Cruz de la Sierra

El Palacio Quemado estaba de fiesta. Se celebraba el primer aniversario de la victoria histórica de Evo Morales en las elecciones del 18 de diciembre de 2005 y, cuando todo el mundo esperaba que el presidente boliviano informe de los logros en la erradicación de la hoja de coca, hizo todo lo contrario: anunció que la coca legal en Bolivia pasará de 12.000 hectáreas a 20.000. Con eso bastó para disparar la polémica dentro y fuera de las fronteras patrias. Y sobre todo muy al norte de las fronteras bolivianas, en Estados Unidos, o lo que es lo mismo, muy al Sur del Palacio Quemado, en la embajada estadounidense, que reaccionó rápido, recortando la ayuda a Bolivia de 45 millones a 34 millones de dólares. Evo bien pudo hacer los anteriores presidentes bolivianos: recortar algunas hectáreas y mantener el statu quo y la negociación permanente con el incómodo socio de la “responsabilidad compartida”, pero decidió lanzarse a la piscina.

Evo ya salió airoso del salto al vacío de los contratos petroleros y esta vez tiene argumentos como para volver a caer de pie. Y es que en Bolivia no siempre uno más uno es igual a dos y en este caso pasar de 12.000 a 20.000 no significa sumar 8000, sino restar 7000. Lo cierto es que Bolivia nunca tuvo sólo 12.000 hectáreas de coca, sino que a finales de los ’80 llegó a tener 50.000, lo que lo convirtió en el segundo productor mundial por detrás de Perú. Luego 18 años de esfuerzos y 900 millones de dólares gastados por Estados Unidos, ahora existen 27.000 hectáreas de coca y, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el anuncio de Evo es un compromiso real de erradicación de cultivos.

Para entenderlo mejor hay que remitirse al 19 de noviembre de 1988. Ese día, el Congreso boliviano aprobó la Ley 1008, instrumento legal financiado por Usaid que determinó, entre otras cosas, que Bolivia debería sembrar sólo 12.000 hectáreas para el uso tradicional y que un boliviano que fuera involucrado en la producción o el tráfico de drogas era culpable hasta que pruebe lo contrario. De ahí se obtienen dos resultados: el 70 por ciento de los presos en Bolivia es por tráfico de drogas y Evo Morales es el presidente.

Sucede que entre las 12.000 hectáreas legales no se encontraban las de Chapare, que fue declarada “zona de transición” y se la militarizó para sentar presencia estatal en el trópico de Cochabamba, que en la década del ’80 ganó fama mundial como área de libre comercio de cocaína. Eso implicaba que los seguidores de Evo deberían dejar de producir coca para convertirse en fruticultores, sin caminos estables y mercados para vender sus productos.

A partir de 1997, con la llegada del ex dictador Hugo Banzer al poder, el proyecto comenzó a materializarse con el Plan Dignidad, que redujo los sembradíos de 50.000 a 25.000. Sin embargo, también provocó más de medio centenar de muertos entre cocaleros y militares erradicadores, lo que llevó al Chapare a convertirse, como lo describe el ministro Quintana, una zona de guerra de baja intensidad. Sólo la conversión del gremio cocalero en un movimiento político evitó que de allí emergiera una guerrilla. En 2004 la violencia se detuvo, cuando el entonces presidente Carlos Mesa emitió un decreto en el que permitía a los campesinos de Chapare sembrar un cato de coca (1600 metros cuadrados). Con ello se incrementó en 3200 hectáreas la superficie ya existente.

Es por eso que desde su campaña presidencial Morales predicó que no habría coca cero, sino cocaína cero. Para el mandatario, detener la erradicación forzosa significa gestionar paz social para el país, pero también significa la responsabilidad de ser mucho más eficiente que sus predecesores en los decomisos de droga. Y lo ha sido. En promedio, este año se han confiscado 380 kilos de droga por día en Bolivia. El 90 por ciento de ello es marihuana y el 10 por ciento es pasta base y clorhidrato de cocaína. A ello se le suma la destrucción de 3958 fábricas de droga y de 6104 fosas de maceración de coca. En resumen: en lo que Evo lleva en Palacio Quemado ha confiscado dos toneladas más de cocaína y 12 toneladas más de marihuana que en 2005.

Este éxito es explicado por Martín Cerrudo, un dirigente chapareño que cuenta cómo los sindicatos cocaleros se han involucrado en la lucha contra el narcotráfico. Desde marzo de este año ningún afiliado al sindicato puede alquilar su parcela de tierra y periódicamente los ejecutivos de las más de 1000 centrales de Chapare patrullan su territorio para hacer inspecciones. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque no eran gobierno.

Hasta el momento, más de 13.000 afiliados han registrado su cato de coca en los sindicatos y partir de 2007 pagarán impuestos al Estado para legalizar la comercialización de la hoja. El problema es que los afiliados de las seis federaciones chapareñas no son 13.000, sino 40.000. Eso implica que las 3200 hectáreas legalizadas por Mesa no son suficientes y se necesita al menos el doble para que la cuna política de Morales deje de ser ilegal.

Las otras 1600 hectáreas del aumento del cupo cocalero están en los Yungas, zona tropical del departamento de La Paz tradicionalmente cocalera y que está dentro de la Ley 1008. De allí proviene Sabino Mendoza, representante del MAS en la Asamblea Constituyente, que tiene una fórmula muy sencilla para justificar el incremento: en 1988 Bolivia tenía seis millones de habitantes y ahora tiene nueve millones.

Mendoza abunda en detalles cómo los sindicatos yungueños tienen sus propios retenes para evitar que los cargamentos de coca destinados al mercado oficial se desvíen. Cada carga de la hoja sagrada de los aymaras y quechuas tiene una orden de envío expedida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y en cada uno de los retenes es verificada. Sin embargo, tanto él como Cerrudo y Quintana no ocultan que un alto porcentaje es desviado para la producción de cocaína.

Un caso. En septiembre pasado el gobierno intervino la zona de Yungas de Vandiola, una región aledaña a Chapare y descubrió que el 90 por ciento de la coca era desviada a la fabricación de drogas. Cuando impuso una fuerte presencia policial se produjeron enfrentamientos que dejó dos cocaleros muertos y un contingente de soldados tomados como rehenes. Quintana tuvo que intervenir y negociar con los colonos “su pase a la legalidad”. Firmó convenios para la construcción de caminos, escuelas y postas de salud que permitieran a los campesinos sacar la coca al mercado legal y, al mismo tiempo, asentar cuarteles que expulsen a los narcotraficantes de la zona.

“Si evitamos el narcotráfico, Estados Unidos nos dejará en paz, porque la coca no desaparecerá”, dice Cerrudo, y Quintana lo confirma. El plan para 2007 es ampliar la capacidad de interdicción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, expandiendo su acción hacia el norte boliviano, en los departamentos de Pando y Santa Cruz, que son utilizados por narcos que mueven cocaína peruana hacia los mercados brasileño. Otro tanto se hará en el Altiplano y el Sur, para evitar que el territorio boliviano se convierta en una estación para llegar a Argentina, Chile y Europa.

Pero todos estos datos no resuelven la ecuación primordial: ¿dónde irá la coca producida en las 8000 hectáreas recientemente legalizadas? El canciller, David Choquehuanca, asegura que la mitad está destinada a la industrialización en cuatro plantas financiadas con un millón de dólares de un crédito venezolano y Cerrudo sueña con las hojas de su cato convertidas en gaseosas, galletas, mates, harina y tónicos.

Quintana le da alas a su sueño. Explica que en 2007 Bolivia saldrá a buscar mercados legales para la coca. Y no se va por pequeñeces sino que apuntan a India y China, a 2500 millones de consumidores. La otra mitad esperará a que se concluya el estudio de mercado de la coca que está financiando la Unión Europea y que se espera que esté listo en la primera mitad de 2007.