Por Francesc Relea * Desde México @“Nosotros no vamos a la guerra si no estamos seguros de ganar”, ha dicho en tono triunfalista el general mexicano Manuel García Ruiz, jefe supremo de las fuerzas conjuntas –siete mil militares y policías– que participan desde el 11 de diciembre en un gigantesco operativo antidroga en el estado de Michoacán, donde han muerto 556 personas en 2006. A pesar del optimismo oficial, el narcotráfico sigue golpeando. Esta semana 17 personas fueron ejecutadas en los dos estados con mayor presencia de estos grupos, Michoacán y Sinaloa. El optimismo del gobierno de Felipe Calderón a la hora de hacer un balance de la misión contrasta con las voces que piden cautela. Un ejemplo: según el general García, el grupo Los Zetas, desertores del ejército que se convirtieron en sicarios del narcotráfico, ya no existe como tal. Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) contradice la versión y advierte que Los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo, siguen siendo una amenaza. Ayer la Procuraduría detuvo a dos presuntos miembros de este grupo. Los hombres tenían un arsenal y a una persona secuestrada. Los Zetas están acabados, porque han sido asesinados por organizaciones rivales o están detenidos, ha asegurado el general García, mando único de la Operación Conjunta Michoacán: “Si se habla del grupo original de Los Zetas, que trabajó en el noroeste de la república, ya no hay ninguno”. La información que maneja la PGR reconoce que aquel contingente de militares convertidos en sicarios ha sido diezmado y que no quedan más de once jefes, que han reclutado a nuevas generaciones de delincuentes. Advierte que, por su nivel de entrenamiento, siguen siendo el grupo de sicarios mejor equipado de cuantos actúan al servicio del narcotráfico. Las autoridades aseguran que en trece días han sido detenidas 60 personas, entre ellas Alfonso Barajas, principal operador del cartel del Golfo, se han incautado importantes arsenales y destruido unas tres mil plantaciones de marihuana. Un residente de Uruapan, ciudad donde la violencia de los narcotraficantes ha golpeado con fuerza, advierte que ocho días antes de que llegara el ejército, los capos más destacados habían huido. “La mayoría de los detenidos son pinches vendedores de droga”, señala. Es lo que los especialistas llaman “efecto cucaracha”: ante un operativo militar, los narcotraficantes se diseminan por otros territorios menos vigilados. Ocurrió hace tres décadas con la Operación Cóndor del ejército en Sinaloa. Los grandes capos de la época se desplazaron hacia otros estados como Jalisco, donde instalaron nuevas bases. La Operación Conjunta Michoacán ha entrado en una segunda etapa, según anuncian los responsables, en la que las fuerzas militares y de la Policía Federal llegan a zonas rurales y urbanas con el objetivo de recuperar espacios para la ciudadanía. Pero la violencia continúa. El viernes, una decena de pistoleros con pasamontañas y uniformes negros con las siglas de la Agencia Federal de Investigación (AFI) asesinaron en Uruapan, segunda ciudad del estado, a un policía que trabajaba como escolta de un empresario local. Los territorios donde se libra la batalla contra el narcotráfico coinciden con las rutas de distribución. Básicamente es cocaína procedente de Colombia. De cobrar un derecho de paso, las bandas rivales quieren controlar toda la ruta. Un porcentaje significativo de las víctimas de la guerra de la droga incluye a policías municipales y jefes policiales. “Hay mucha corrupción”, reconoce José Luis Santiago Vasconcelos, jefe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo). “No me atrevo a decir que todos están involucrados, pero la gran mayoría sí”, añade el fiscal antidrogas. * De El País de Madrid. Especial para Página/12.