Los símbolos de la dictadura persiguen aún hoy a la sociedad chilena. La ley de amnistía dictada por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), que permitió a varios militares escapar de enjuiciamientos por violaciones a los derechos humanos, sigue siendo uno de esos fantasmas. Tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exhortó al gobierno chileno a ajustar la legislación nacional a sus compromisos internacionales, la presidenta Michelle Bachelet se lanzó a la carrera para la derogación de la amnistía. Pero el camino tiene más obstáculos de los esperados.

Pinochet decretó la amnistía en abril de 1978, después de la extradición a Estados Unidos del agente Michael Townley por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington. El decreto perdonó los delitos cometidos desde el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, hasta el 10 de marzo de 1978. La ley perduró, en parte por la frase célebre lanzada por Pinochet en la víspera de la entrega del gobierno al democristiano Patricio Aylwin. “El día que toquen a uno de mis hombres se acaba el estado de derecho”, amenazó.

Pero con el paso del tiempo las autoridades se las arreglaron para dejar de lado esa advertencia y comenzar juicios, a medida que se encontraron ambigüedades en la amnistía y los tribunales se fueron desprendiendo de los magistrados del pinochetismo.

A finales de septiembre del año pasado, al tratar el caso del profesor comunista Luis Almonacid, asesinado en 1973, la CIDH dictaminó que la amnistía es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978. Debido a que Chile ratificó ese acuerdo en agosto de 1990, en teoría está sujeto a cláusulas del derecho internacional que prohíben cualquier amnistía por crímenes de lesa humanidad.

Bachelet aprovechó así la ocasión para comenzar su cruzada contra uno de los vestigios de una época negra para Chile. “Estamos estudiando las medidas necesarias (para acatar el fallo de la CIDH) y apenas las tengamos listas las daremos a conocer al país”, afirmó la presidenta en octubre pasado en Villa Grimaldi, el centro donde fue torturada junto a su madre.

El gobierno sostiene que la amnistía es ilegítima de origen, por cuanto contraviene instrumentos de derecho internacional previos a su promulgación. La derecha, por su parte, prefiere mantener el statu quo. Los parlamentarios de Alianza por Chile consideran que a esta altura de la historia una derogación no tendría efectos judiciales y sería una discusión artificial propiciada por el oficialismo para desviar la atención.

Lo cierto es que los especialistas en el tema afirman que la derogación sólo tendría un efecto simbólico, ya que los juicios se están desarrollando de todas formas. “La ley no es un grave obstáculo porque los jueces no la aplican. Las sentencias igualmente se van a dictar. El problema es que la amnistía es un símbolo de la dictadura”, explicó a Página/12 el abogado chileno Roberto Garretón, especialista en derechos humanos.

Anteriores intentos de derogación o anulación fracasaron porque si bien la Concertación tenía mayoría en la Cámara baja, no ocurría lo mismo en el Senado. Pero los analistas también afirman que la coalición de centroizquierda nunca se animaron para derogar el decreto-ley, para evitar posibles encontronazos –innecesarios, según algunos– con los militares. Pero el problema del Senado ya no existe, ya que la coalición de centroizquierda tiene ahora mayoría en ambas cámaras.

La jugada de Bachelet está siendo bien analizada. Algunos recomiendan cautela ante la presentación de un proyecto que puede traer más perjuicios que beneficios, si es que el intento queda una vez más en palabras o tiene una respuesta negativa.

“Sería atroz que se enviara un proyecto de ese tipo y que se perdiera en el Congreso. Hay que ser cuidadosos. Los jueces entenderían que el Parlamento está de acuerdo con la amnistía y la volverían a aplicar”, indicó Garretón.

A pesar de que una posible derogación todavía se está discutiendo, hay un mecanismo intermedio –que no toca la ley de amnistía y por lo tanto no resuelve el reclamo de la CIDH– que ya está recorriendo los caminos legislativos. Se trata de una norma interpretativa del artículo 93 del Código Penal, que establece las causas de extinción de la responsabilidad penal.

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y espera sanción del Senado probablemente en marzo, propone que los delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriban, no sean objeto de amnistía ni de indultos, y que la obediencia debida no sea un eximente.

“Esta ley interpretativa es importante porque, si bien la amnistía hoy no se aplica, siempre está la posibilidad de que cambie la jurisprudencia. Además los jueces sí aplican la prescripción”, afirmó el diputado socialista Juan Bustos, creador de la iniciativa, en diálogo telefónico con este diario.

Informe: Virginia Scardamaglia.