Desde Lima

El presidente peruano, Alan García, le ha declarado la guerra al sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. García y los principales voceros de su gobierno han apuntado toda su artillería contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra la que disparan a diario acusándola de “favorecer a los terroristas”. Los ataques del gobierno peruano contra la CIDH comenzaron luego de que la Corte dictara un fallo condenando al Estado peruano por la ejecución en mayo de 1992 en una cárcel de Lima de 41 prisioneros acusados de pertenecer al grupo armado Sendero Luminoso, y ordenando que se indemnice a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes que resultaron heridos.

García ha calificado la sentencia de la CIDH de “indignante” y ha asegurado que su gobierno no acatará el fallo que lo obliga a pagar indemnizaciones, que llegan hasta los 50 mil dólares por persona, a las víctimas. La matanza ocurrió durante el régimen de Alberto Fujimori, quien ha sido pedido en extradición por el Perú a Chile por cargos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Esta postura del gobierno favorece la defensa de Fujimori para evitar su extradición. No es de extrañar, pues, que los fujimoristas sean los más entusiastas acompañantes de García en su ofensiva contra la CIDH y los organismos defensores de los derechos humanos.

Los voceros del gobierno no solamente atacan a la CIDH y callan la responsabilidad del régimen fujimorista en esa matanza, sino que han llegado al extremo de presentar ante el Congreso una acusación constitucional contra el ex presidente Alejandro Toledo por haber admitido ante la CIDH que, efectivamente, el Estado peruano, bajo el régimen autoritario de Fujimori, asesinó a los 41 prisioneros, entre quienes estaban los principales dirigentes senderistas entonces en prisión. Esta masiva ejecución extrajudicial ocurrió un mes después del golpe de Estado fujimorista. “Se trató de un operativo diseñado para atentar contra la vida de los prisioneros (...) de un ataque ejecutado para exterminar a los senderistas”, señaló la CIDH en su fallo.

El gobierno ha anunciado que le pedirá a la CIDH que revise su sentencia. “La propuesta de revisión de la sentencia va en contra de la corriente continental. Las sentencias internacionales se dictan para ser cumplidas”, asegura Diego García Sayán, magistrado de la CIDH. “Haber puesto al Estado peruano en el banquillo de los acusados es responsabilidad del autoritarismo fujimorista, no de los grupos de derechos humanos ni de los jueces de la Corte”, señala García Sayán, en respuesta a la airada reacción del gobierno peruano contra la CIDH por este caso.

“El gobierno está manipulando la sentencia de la CIDH, poniendo el énfasis en el tema de las indemnizaciones y pretendiendo desacreditar a la CIDH diciendo que su sentencia obliga al Estado a hacer un homenaje a los terroristas muertos, lo que es falso, porque en ninguna parte del fallo se habla de homenaje, lo único que se dice es que el Estado debe reconocer su responsabilidad en esa matanza de 41 prisioneros. Detrás de esta reacción del gobierno queda en evidencia una alianza entre el oficialismo y el fujimorismo para buscar consagrar la impunidad con respecto a hechos que conciernen al régimen fujimorista y también al primer gobierno de García”, le señaló a Página/12 Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Precisamente, en unos días, el 24 de enero, se llevará a cabo en la CIDH, en San José de Costa Rica, la audiencia final por el caso del asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral, ocurrido durante el primer gobierno de García y atribuido al escuadrón de la muerte “Rodrigo Franco”, que operó durante ese gobierno con miembros del partido oficialista y de la policía. El fallo de la CIDH podría terminar condenando al primer gobierno de García por ese crimen. Anteriormente, la CIDH sentenció que el primer gobierno de García fue responsable por la ejecución de más de 100 prisioneros acusados de ser senderistas en la isla penal El Frontón, en 1986, y le exigió al Perú individualizar las responsabilidades, lo que hasta ahora no se ha hecho.

A los ataques a los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos se suma el hecho de que el gobierno de García viene trabando los procesos judiciales a los militares y policías acusados de torturas, violaciones y asesinatos, al negar información sobre estos efectivos, muchos de los cuales siguen en actividad, protegidos por el gobierno.