España reabrió ayer la causa judicial contra los tres militares estadounidenses acusados de provocar la muerte del camarógrafo de la cadena de televisión Tele Cinco José Couso, ocurrida el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz volvió a ordenar ayer la extradición de los implicados, una medida que ya había tomado la Justicia española el 19 de octubre de 2005, pero que había quedado sin efecto por una decisión judicial en marzo del pasado año.

La medida, que en su momento supuso un nuevo quebradero de cabeza en las ya de por sí tensas relaciones entre la administración Bush y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, había sido suspendida el pasado 10 de marzo por la misma Audiencia Nacional, cuando consideró que se había tratado de un acto de guerra “contra un enemigo erróneamente identificado”, por lo que se entendía que España no tenía jurisdicción para juzgar a los militares norteamericanos implicados.

Pero los familiares de José Couso, que durante estos años han librado una batalla legal y mediática para exigir que se haga justicia, no se quedaron conformes con la decisión judicial y apelaron ante el Tribunal Superior, que el pasado 5 de diciembre estimó por unanimidad el recurso interpuesto. El 14 de diciembre el mismo Tribunal volvió a asignarle el caso a la Audiencia Nacional, al entender que incluso la nacionalidad de Couso significaba un plus de legitimidad a la pretensión de la Justicia española de juzgar a los responsables de su muerte.

Con esta decisión del máximo órgano de la Justicia española en las manos, el juez Santiago Pedraz volvió ayer a reabrir el caso y reiteró nuevamente a Interpol la orden de captura del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp. La embajada americana en Madrid emitió un comunicado escueto al conocerse la noticia, en el que señaló que la muerte de Couso ya fue investigada por las autoridades militares estadounidenses en su momento y que se llegó a la conclusión de que los militares habían actuado de acuerdo con las normas de combate operativas en esa zona de guerra.

La postura de Estados Unidos es bastante clara respecto de la inmunidad que siempre ha pretendido para sus uniformados, razón por la cual nadie cree en los círculos judiciales españoles que los americanos vayan a permitir que la medida se haga efectiva. De todos modos, los tres militares imputados no podrán abandonar Estados Unidos si no quieren correr riesgo de que los encarcelen, ya que la orden de captura se mantendrá vigente, aun después de que los americanos nieguen formalmente la extradición.

Desde que comenzó la causa por la muerte originada por el disparo de un tanque de guerra contra la ventana del Hotel Palestina en Irak, desde la que Couso filmaba la llegada de las tropas americanas a Bagdad, la Justicia americana se negó en más de una ocasión a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación de los hechos.

Los familiares de José Couso han advertido que, ante la presumible negativa de EE.UU. a extraditar a los militares implicados en la muerte del camarógrafo, recurrirán a otras instancias, como la aplicación de la resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 23 de diciembre, en la que se hace referencia a la protección de los periodistas en conflictos armados y a la responsabilidad de los estados de “cumplir las obligaciones que les impone el derecho internacional de poner fin a la impunidad y procesar a los responsables de cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario”.