La paz no duró ni dos días en Quito. Después de una ceremonia de asunción llena de elogios y aplausos, el joven gobierno de Rafael Correa se enfrentó ayer a su primera disputa con la oposición. Desde el Congreso, el partido de su ex rival, el multimillonario Alvaro Noboa, calificó de autoritarios y prepotentes los intentos de Correa de imponer una Asamblea Constituyente, a través de una consulta popular y no de la aprobación del Legislativo, como demandaban los diputados. Las críticas no conmovieron al presidente, que siguió con su trabajo. Se reunió con su par venezolano Hugo Chávez, firmó tres contratos petroleros y adelantó que la Constituyente tendrá igual número de hombres y mujeres, y un 50 por ciento de miembros menores de 45 años. Pero el optimismo del oficialismo no alcanza para disimular que se vienen días difíciles.

Una de las voces más duras de la oposición fue la del presidente del Congreso unicameral, Jorge Ceballos. “Necesitamos cambiar la Constitución, pero hagámoslo democráticamente, respetando la Constitución”, aseguró el dirigente del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian), la fuerza mayoritaria en el Congreso y la que intentó llevar a la presidencia a Noboa. Para Ceballos, Correa se está dejando llevar por el descontento popular, socavando la legitimidad del Legislativo. “Si no tenemos Congreso nacional, tenemos dictadura”, cuestionó. Según las encuestas, el Congreso es visto como un refugio de corporaciones políticas que traban el funcionamiento de los gobiernos.

Pero a pesar de las críticas, en el gobierno se mostraron tranquilos. “La Constitución dice que el presidente puede convocar a una consulta popular cuando a su juicio se trate de un tema de interés nacional. Sólo debe pasar por el Congreso si la consulta es para aprobar una reforma constitucional”, explicó el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, en diálogo telefónico con Página/12. Según el oficialismo, la consulta no pregunta sobre una reforma constitucional particular sino que tiene como objetivo la creación de una Carta Magna totalmente nueva. “Por eso, no es inconstitucional”, concluyó el ministro.

La interpretación del gobierno, sin embargo, no es compartida por todos. Para el ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto López, el presidente no tiene razón. “La Constituyente no va a redactar una Constitución nueva, sino que va a reformar sólo un 20 o un 30 por ciento. La parte dogmática se va a mantener”, explicó en diálogo con Página/12 el especialista.

Lo cierto es que a pesar de las críticas el decreto ya está firmado y Correa no tiene ninguna intención de negociarlo con el Congreso, donde no tiene ni un solo representante. La última esperanza que le queda ahora a la oposición es el Tribunal Supremo Electoral, que recibió el lunes el decreto presidencial. Su presidente, Jorge Acosta, aseguró ayer que el tribunal tendrá 15 días para determinar si el decreto cumple con todos los requisitos legales. Sin embargo, para el ministro Larrea el tribunal no tiene esa potestad. “No estamos preocupados”, sostuvo.

Mientras en el gobierno se niegan siquiera a pensar en la posibilidad de que el tribunal rechace el decreto, López advirtió que legalmente puede hacerlo. “Sin embargo, políticamente hay más posibilidades de que acepte el pedido del presidente porque la ciudadanía quiere una Constituyente”, explicó, refiriéndose a la principal promesa de campaña del flamante presidente.