El tiempo se le comienza a terminar a Fujimori. La Procuraduría Anticorrupción del Perú presentó ayer en Santiago de Chile su informe final sustentando el pedido de extradición del ex presidente peruano, que entre 1990 y 2000 encabezó un régimen autoritario y que está acusado de diez cargos de corrupción y dos de violaciones a los derechos humanos. La defensa de Fujimori tiene veinte días para presentar sus descargos. Luego, el juez de la Corte Suprema de Chile, Orlando Alvarez, emitirá su fallo sobre la procedencia o no del pedido de extradición, lo que se estima ocurra entre marzo y abril. Pero la decisión definitiva podría prolongarse, según calculan las autoridades judiciales peruanas, hasta septiembre, ya que cualquiera de las dos partes puede apelar la sentencia ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, que dictará el fallo definitivo.

El procurador anticorrupción, Carlos Briceño, ha asegurado que el pedido de extradición contiene “pruebas categóricas” de la responsabilidad de Fujimori en los cargos por los que se pide su extradición. Según informó Briceño, la estrategia de la Procuraduría ha sido poner el énfasis en los casos más graves, que son los de violaciones a los derechos humanos, por los que el ex presidente podría recibir una condena de hasta treinta y cinco años de prisión. Hay numerosas denuncias de casos de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante los diez años del gobierno de Fujimori, pero son dos los casos considerados emblemáticos de violaciones a los derechos humanos incluidos en el expediente de extradición: el asesinato, en noviembre de 1991, de dieciséis personas en una modesta vivienda de una zona del centro de Lima conocida como Barrios Altos y el secuestro y posterior ejecución, en julio de 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ubicada en las afueras de Lima. Ambos crímenes fueron cometidos por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte formado por miembros del ejército que actuó al amparo del régimen fujimorista.

Para respaldar los cargos por violaciones a los derechos humanos, la Procuraduría ha presentado en su informe final el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en noviembre de 2006, en el que se responsabiliza directamente al gobierno de Fujimori por los asesinatos de la Universidad La Cantuta. “La sentencia de la CIDH señala que Fujimori estaba al tanto de las operaciones del Grupo Colina antes, durante y después de su ejecución. Este fallo ayudará tremendamente en el proceso de extradición, porque demuestra en forma irrefutable la responsabilidad del extraditable en violaciones a los derechos humanos”, señala Briceño.

El presidente Alan García se ha negado a respaldar el proceso de extradición de Fujimori, argumentando que es un tema exclusivamente judicial. Esta cuestionada posición de García se da al tiempo que hay un evidente acercamiento entre el oficialismo y la bancada fujimorista en el Congreso y que algunos ex colaboradores de Fujimori han asumido puestos de importancia en el actual gobierno. Esto ha llevado a políticos de oposición y a los analistas a denunciar una alianza entre el gobierno de García y el fujimorismo, algo que García niega pero que sus acciones parecen confirmar.

El Chino Fujimori llegó sorpresivamente a Chile, desde su refugio en Japón, el 6 de noviembre de 2005, y pocas horas después fue detenido, pero seis meses después obtuvo su libertad condicional. Las autoridades judiciales peruanas han expresado su temor de que pueda fugar antes de que se emita la orden de extradición, por lo que han solicitado su detención.