La policía lanzó ayer un llamamiento para que todos extremen la prudencia en la apertura del correo tras el estallido de siete cartas-bomba en tres semanas, cuatro de ellas entre el sábado y ayer. Estas han provocado varios heridos, aunque ninguno de gravedad. Una mujer sigue hospitalizada con cortes en las manos y en el pecho tras estallar el sobre que acababa de abrir en la agencia reguladora de permisos de conducir –DVLA–, con sede en Swansea –Gales–.

Las primeras cartas enviadas parecían obra de activistas defensores del bienestar de los animales. Pero las últimas han sido remitidas a empresas relacionadas con el tránsito o la gestión de multas y peajes, por lo que los investigadores creen que el autor o autores de los envíos pueden ser un conductor o un grupo de conductores que se sienten agraviados por algún problema concreto relacionado con el tránsito o que han puesto en marcha una campaña en protesta por las numerosas normativas que penalizan a los conductores, como los radares que controlan la velocidad o los peajes urbanos. Aún no se sabe si las explosiones están relacionadas entre sí y la policía precisó ayer que mantiene abiertas todas las posibilidades.

Las bombas estaban hechas con material pirotécnico y sólo pretendían asustar, no matar.

Las primeras cartas-bomba llegaron el 18 de enero a dos empresas radicadas en Abingdon –Oxfordshire– y una tercera hizo explosión en una compañía de Chelmsley Wood, en Birmin-gham. Se trataba de sobres del tamaño A-5 que en los tres casos llevaban como remitente una dirección a nombre de Barry Horne, un activista del bienestar de los animales que falleció en 2001, mientras cumplía una condena de dieciocho años de cárcel por una campaña de bombas incendiarias.

Eso hizo creer a los investigadores, la unidad Nacional de Coordinación del Extremismo Interno –NCDE en sus siglas en inglés–, que al menos esa primera tanda de bombas fueron obra de algún activista del movimiento de defensa del bienestar de los animales, que tiene una larga tradición de conducta violenta.

El sábado estalló una cuarta carta-bomba en el domicilio de un hombre de 53 años, en Folkestone –Kent–. La carta la había recogido en su despacho profesional, donde ejerce de director de una compañía privada de seguridad.

El quinto artefacto estalló en Victoria Street, en el centro de Londres, en la sede de la compañía Capita, subcontratada para recolectar el peaje urbano de la capital británica.

El martes estalló una sexta carta-bomba, en la compañía financiera Vantis, en Wokingham –Berkshire–. Ayer estalló un séptimo artefacto, en la sede de DVLA, en Gales, provocando heridas a cuatro trabajadores, aunque sólo uno de ellos, una mujer, fue trasladada a un hospital. “Me quedé temblando, sobresaltada y aterrorizada. Es difícil describir lo que sentía. Todo el mundo empezó a correr a mi alrededor y yo conservé bastante la calma, pero no sabía lo que había ocurrido”, explicó la mujer.

Nigel Humphries, de la Asociación de Conductores Británicos, se declaró “consternado” ante la posibilidad de que las cartas hayan podido ser enviadas por un conductor agraviado. Pero al mismo tiempo admitió, en declaraciones a la BBC, que le hacía sentirse “algo culpable, porque eso significaría que no hemos hecho campaña con suficiente vigor, dentro de la legalidad, contra la criminalización y el acoso a los conductores y porque nuestro fracaso ha impulsado a otros a actuar de esta manera”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.