Los fantasmas del pasado persiguen a Alan García. El presidente peruano tuvo que presentarse ayer ante la jueza María León para ser interrogado en la causa judicial que se le sigue a un grupo de ex miembros de la Marina por la matanza de más de 120 presos –el número exacto no se conoce–- ocurrida en 1986, durante su primera gestión presidencial (1985-90). García fue interrogado como testigo, pero el abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Rivera, ha solicitado que el presidente sea incluido en el proceso penal como inculpado por considerar que García no solamente dio la orden del operativo militar que terminó en la matanza de los prisioneros acusados de pertenecer al grupo subversivo Sendero Luminoso, sino que siguió su desarrollo paso a paso hasta el trágico final y luego encubrió el crimen.

El caso del Frontón se ha convertido en un serio problema para el gobierno. Además de García, el vicepresidente, Luis Giampietri, también está involucrado en la investigación judicial. Giampietri era un alto oficial de la Marina de Guerra cuando ocurrió la matanza de presos a manos de miembros de la Marina y fue uno de los encargados de dirigir el operativo militar. Giampietri también está incluido en el proceso como testigo, pero, al igual que en el caso de García, el abogado de las víctimas ha solicitado al Tribunal que lo procese como acusado.

La citación de García por la Justicia para que responda por el caso se da en momentos que el presidente peruano ha desatado una ofensiva verbal contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber condenado una matanza de 41 prisioneros senderistas ocurrida durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). El interrogatorio al presidente duró más de dos horas y se realizó en privado, debido a que en esta etapa del proceso el expediente de la causa es secreto.

En junio de 1986, mientras en Lima se desarrollaba un evento de la Internacional Socialista auspiciado por el gobierno de García, los presos de Sendero Luminoso se amotinaron en tres cárceles de Lima protestando por el trato que recibían en prisión. García respondió emitiendo un decreto que declaraba los penales como “zona militar restringida”, poniéndolos bajo el control absoluto de las Fuerzas Armadas. Luego de dos días de duros enfrentamientos, la Marina dinamitó los pabellones del Frontón con los presos adentro y, según testigos de los hechos, la mayor parte de los sobrevivientes fueron ejecutados. Solamente unos treinta prisioneros lograron salir vivos del Frontón. García envió al Frontón a supervisar todo el operativo a su ministro de más confianza, Agustín Mantilla, por entonces titular de la cartera de Interior, quien, según diversas versiones, estaba comunicado permanentemente con García mientras dirigía el operativo militar que terminó en una matanza. Sin embargo, García asegura que no tuvo participación directa en el operativo militar y niega que se hayan producido ejecuciones extrajudiciales.

Un día antes de la matanza del Frontón, en el penal de Lurigancho, ubicado en las afueras de Lima, 123 presos fueron ejecutados de un balazo en la cabeza luego de rendirse. No hubo un solo sobreviviente. Por este caso fue condenado un pequeño grupo de policías, pero ni García ni ningún miembro de su gobierno fueron procesados. En 1991 se presentó en el Congreso una acusación constitucional para procesar a García por los sucesos del Frontón y Lurigancho, pero los votos del fujimorismo, que un año antes había ganado las elecciones, lo salvaron de ir a juicio. Pero el caso del Frontón se reabrió luego de que la CIDH emitiera una sentencia condenando al Estado peruano por esa matanza y ordenándole que se abra un proceso judicial que individualice responsabilidades.