La Cámara de Representantes “desaprobó” ayer la decisión de George W. Bush de enviar más tropas estadounidenses a Irak. La Cámara adoptó una resolución no vinculante con 246 votos a favor –17 republicanos– de los actuales 434 miembros. La votación establece un escenario de enfrentamiento constitucional entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el poder del presidente para librar una guerra, no sólo en Irak sino potencialmente también en Irán.

La Casa Blanca no tardó en responder. Además de resaltar que la resolución no es vinculante, un comunicado estableció que “el presidente cree que el Congreso debe proveer el financiamiento total y la flexibilidad que nuestras fuerzas armadas necesitan para tener éxito en la misión de proteger nuestro país”. Bush ya dejó en claro que seguirá adelante con su escalada a pesar de todo, señalando además que considera una contradicción del Congreso que aprueba un nuevo comandante de Estados Unidos en Irak, el muy admirado general David Petraeus, mientras rechaza la política que se supone que debe llevar a cabo.

Sin importar sus resultados prácticos, la movida de la Cámara baja lleva a que el Senado haga un nuevo intento de aprobar una resolución idéntica en una excepcional sesión que se realiza hoy. Hace dos semanas, un primer intento de la Cámara alta para debatir el aumento de tropas se empantanó en medio de discusiones. Los dos partidos se culpaban entre sí, pero las encuestas demuestran ahora que el estadounidense común culpa abrumadoramente a la minoría republicana por usar las complejas reglas del Senado para bloquear la discusión del tema más importante del día. Aun así, parecía improbable ayer que los demócratas pudieran asegurar la deserción de una docena o más de senadores republicanos, y por lo tanto lograr los 60 votos requeridos para superar a los que maniobraban para que no se sometiera a votación.

En la Cámara baja, sin embargo, el partido mayoritario no tuvo esos problemas y los demócratas anunciaron que tienen la intención de imponer condiciones, incluso vinculantes, sobre el manejo de la guerra que la Casa Blanca seguramente resistirá. Las condiciones incluyen licencias obligatorias para las unidades desplegadas en Irak, entrenamiento específico en contrainsurgencia y garantías de que los soldados tendrán el equipo adecuado antes de ser enviados al país árabe. Los opositores a la guerra admiten abiertamente que tales medidas están deliberadamente destinadas a atar las manos de la administración, sin recurrir a la extrema, aunque riesgosa, opción de cortar los fondos para la guerra. Sin embargo, la administración Bush insiste en que tales asuntos no le conciernen al Congreso, estableciendo así la mayor pelea sobre los poderes en la guerra, desde Vietnam.

Mientras tanto, Joe Biden, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado y candidato para la nominación presidencial demócrata de 2008, emitió un desafío por separado, diciendo que presentará una resolución revocando el voto de 2002 que le dio el visto bueno a Bush para la guerra. Pero la maniobra está enfocada no sólo en Irak sino también en Irán, en medio de la continua especulación de que la Casa Blanca usará o bien la supuesta provisión de armas de Teherán a las milicias chiítas en Irak o la continuación de su programa nuclear como justificación para un ataque a la República Islámica.

En los últimos días, tanto Bush como Robert Gates, el nuevo secretario de Defensa, han negado que estuvieran planeando tomar acción militar. Pero los demócratas y algunos republicanos dicen que los eventos actuales –desde la masiva concentración de fuerzas navales de Estados Unidos en el golfo hasta la presión a Irán ante las Naciones Unidas– tienen el asombroso parecido a los momentos previos a la invasión de Irak hace cuatro años. Los abogados de la Casa Blanca sostienen que la resolución 2002 le da a Bush toda la autoridad que necesita para ir detrás de Irán, si se demuestra que éste es responsable de las muertes de soldados estadounidenses en Irak.

Ayer, el Tesoro estadounidense aceleró la presión al nombrar tres empresas iraníes como proliferadoras de armas de destrucción masiva y le prohibió a los estadounidenses comerciar con ellas. Extendiendo una orden usada recientemente contra los bancos que son propiedad del Estado iraní, el Tesoro dijo que buscaría la forma de congelar los bienes de Kalaye Electric Company, Kavoshyar Company y Pioneer Energy Industries Company en Estados Unidos.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.