Hugo Chávez hace uso de sus superpoderes. Junto con sus ministros aprobó ayer una ley para combatir la especulación y el acaparamiento de alimentos básicos. Las multas incluyen la confiscación de los medios de producción, importantes sumas de dinero y hasta el cierre temporal del comercio. En los últimos días, el país había sufrido escasez de algunos productos básicos, porque los productores y los comerciantes retenían la mercadería en protesta por los precios fijados, según el gobierno.

Los representantes de los gremios de productores y comerciantes rechazaron los argumentos del gobierno y sostuvieron que el desabastecimiento de los últimos tiempos se debió a la política económica de Chávez y no a un boicot. Según explicaron, los precios que fijó están desfasados de la realidad y, principalmente, del nivel de inflación. A fines del año pasado, la inflación alcanzó el 17 por ciento, cinco puntos por encima de las proyecciones oficiales. Desde entonces, Chávez está lanzando reformas para enfrentar el problema. Una de las últimas iniciativas fue la reducción del IVA para los alimentos de primera necesidad y la reforma monetaria, que reducirá en tres ceros el bolívar para inicios del año próximo.

La ley aprobada ayer por el Ejecutivo también sigue este objetivo. Se la llamó Ley Especial de Defensa Popular y entre sus artículos incluye el nuevo status que tendrá toda la actividad económica relacionada con los alimentos o productos considerados por el Estado como de primera necesidad. “Declara de utilidad pública e interés social a todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios”, asegura la norma. Bajo esta premisa, el gobierno podrá ocupar temporariamente un establecimiento comercial que cierre inesperadamente o que especule con los stocks de producción.

La misma ley establece los mecanismos de control que la fiscalizarán. Los consejos comunales serán los responsables de crear “comités de contraloría social para el abastecimiento”, y deberán determinar si las condiciones están dadas para que el Estado intervenga. Los consejos comunales son organizaciones de base, generalmente dominadas por militantes chavistas, que están ganando poder para administrar con más independencia las comunidades.

El presidente Chávez ya había advertido la semana pasada que continuaría luchando para evitar el desabastecimiento, incluso tomando medidas contra los supermercados, a los que acusó de ser uno de los ejes del problema. La Ley Especial de Defensa Popular puede entenderse como un primer paso en este enfrentamiento entre el gobierno y las grandes cadenas de supermercados. Con esta nueva norma, Chávez podrá ocupar, confiscar o multar a discreción a estas empresas, lo que seguramente acentuará aún más las tensiones entre el sector privado y el chavismo.