Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dio ayer la razón al gobierno y resolvió que los detenidos en la base militar de Guantánamo no tienen derecho a denunciar su situación ante la Justicia civil norteamericana. Esta decisión representa la primera victoria en mucho tiempo del presidente George W. Bush en su cuestionada estrategia de lucha contra el terrorismo y, seguramente, deja la última palabra sobre la suerte de los confinados en aquel territorio de la isla de Cuba en manos del Tribunal Supremo. Para las organizaciones de derechos humanos, el fallo le dará luz verde al gobierno para encarcelar a cualquiera por fuera de la ley.

Por dos votos contra uno, el tribunal decidió que la Justicia norteamericana no tiene jurisdicción sobre los presos internados en Guantánamo porque éstos son ciudadanos extranjeros que actualmente se encuentran en un territorio que no es de soberanía de Estados Unidos y por tanto no cuentan con la protección de la Constitución norteamericana. “Si los detenidos no están amparados por el derecho constitucional a un proceso justo, y no lo están, no pueden invocar la jurisdicción de nuestros tribunales para decidir la constitucionalidad o la legalidad de la restricción de su libertad”, afirma la sentencia.

El tribunal decidía sobre un recurso presentado por 16 de los, aproximadamente, 600 presos que han llegado a estar confinados en Guantánamo sin cargos desde finales de 2001 en una base militar formalmente alquilada al gobierno de Cuba, pero de soberanía cubana. La administración Bush defiende el derecho a la detención de combatientes extranjeros sin tener que responder ante tribunales civiles norteamericanos como un instrumento esencial de su guerra contra el terrorismo. Esa facultad es el apartado más importante de la llamada Ley de Comisiones Militares, aprobada por las dos cámaras del Congreso en octubre de 2006, y que autoriza al Gobierno a “establecer el uso de comisiones militares para juzgar a combatientes enemigos extranjeros comprometidos en actividades hostiles a Estados Unidos”.

La ley –la misma que permite el interrogatorio de combatientes extranjeros usando técnicas “agresivas”, que nunca llega a describir– fue una respuesta a una decisión inmediatamente anterior del Tribunal Supremo que prohibía que los detenidos de Guantánamo fuesen juzgados por tribunales militares. Si la decisión de ayer del Tribunal de Apelaciones es recurrida, lo que se da por seguro, el Supremo tendrá, por tanto, que pronunciarse de nuevo acerca de la competencia de los tribunales norteamericanos sobre Guantánamo.

La administración Bush es consciente de que lo que está en juego aquí es, en el fondo, la legalidad de su estrategia antiterrorista. Si las detenciones de Guantánamo pudieran ser vistas en tribunales civiles norteamericanos, el gobierno de Bush podría acabar siendo condenado por graves delitos de detención ilegal. La futura decisión del Supremo resulta, por estas razones, difícil y de suma trascendencia.

Las organizaciones de derechos civiles y los representantes de los 16 detenidos que esperaban sentencia –12 kuwaitíes, dos británicos y dos australianos– expresaron su rechazo a lo que consideran una medida histórica. “Este es un día triste para los principios de justicia y equidad de América. Esta decisión da luz verde a Estados Unidos a encarcelar a extranjeros al margen de la ley”, afirman los abogados en un comunicado. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional advirtió que “la detención de personas sin acceso a la justicia amenaza con la creación de un Gulag americano”. Con esta resolución, se ordena que los cientos de casos sobre detenidos en Guantánamo pendientes de resolución en tribunales norteamericanos de primera instancia sean desechados.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.