Desde Jerusalén

A Ehud Olmert, primer ministro israelí, le crecen los enanos. Micha Lindenstrauss, supervisor del Estado, cargo que fiscaliza el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, anunció ayer la apertura de una investigación para determinar si Olmert está implicado en casos de corrupción y tráfico de influencias durante el período en que ejerció como ministro de Industria, Comercio y Comunicaciones en el gobierno de Ariel Sharon. La Fiscalía General también informó que estudiará este denuncia, que añade a las investigaciones que ya se están realizando sobre otros casos turbios que han salpicado al actual primer ministro. El más relevante es la privatización del Banco Leumi, que fue la primera institución financiera del país.

El Canal 10 israelí dio a conocer en la noche del miércoles el nuevo escándalo. La cadena de televisión mostró un documento en el que se detallan los favores personales que el premier habría hecho a miembros del Comité Central del Likud –partido al que pertenecía Olmert hasta la fundación de Kadima, en noviembre de 2005– y a sus familiares. Con esto, sostenía el informe, pretendía reforzar su posición en el órgano ejecutivo del partido. Un total de 115 nombres aparecen en el listado, en el que se especifica cómo se concedieron permisos de trabajo a extranjeros para ser empleados en empresas de los beneficiados, cómo se recalificaron zonas agrícolas para convertirlas en edificables o como impidió o promovió la dimisión de funcionarios de organismos o empresas públicas dependientes de su ministerio.

Una vez difundido el informe, Olmert se desentendió. “No estoy familiarizado con el documento. No recuerdo haberlo elaborado o dar permiso a nadie para que lo hiciera”, aseguró. Sin embargo, el periodista que realizó la investigación, Raviv Druker, mantuvo sus denuncias ayer. “Olmert conocía acerca de la lista, estaba familiarizado con ella y la vio con sus propios ojos, tal como lo hicieron sus asistentes”, aseguró.

Según el informe, el premier también habría utilizado su influencia sobre la Autoridad de Radiodifusión, la compañía telefónica israelí y otras empresas de comunicaciones. “Cada semana o semana por medio, yo era llamado a la oficina del premier. En estas reuniones recibía una lista de personas que Olmert quería que fueran nombradas en el Correo”, denunció Avi Moskovitch, un ex directivo de la Autoridad Postal de Israel (API). Moskovitch también relató que tanto él como el presidente del API, Yossi Shelly, se opusieron a las exigencias de Olmert y lo acusaron ante miembros de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, no recibieron una respuesta hasta que fueron despedidos de sus cargos.

El periodista que descubrió la supuesta trama de corrupción, Raviv Druker, aseguró que “Olmert conocía acerca de la lista, estaba familiarizado con ella y la vio con sus propios ojos, tal como lo hicieron sus asistentes”.

Muchos analistas políticos consideran que Olmert está contra las cuerdas y que no será sencillo que supere este año en el gobierno. Al margen de que varios ministros y funcionarios han sido imputados recientemente por corrupción, el manejo de la guerra el año pasado había dejado muy debilitado al premier. Tras la captura del soldado Gilad Shalit, el 25 de junio, Olmert había decidido una ofensiva en Gaza, pero el uniformado sigue cautivo. El 12 de julio, la milicia chiíta Hezbolá atacó una base militar e hizo rehenes a dos reservistas. Nada se sabe de su paradero.

En pocas semanas, la comisión Vinograd, encargada de analizar la dirección militar y política durante la guerra contra Hezbolá, dará a conocer sus conclusiones. Si Olmert es señalado con el dedo, sufrirá otro severo golpe. A ello hay que añadir que en su propio partido las aguas están revueltas. “Los principales dirigentes están buscando una salida a través de otros grupos. Kadima afronta el riesgo de desaparecer”, sostuvo Mario Sznadjer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.