Por Rory McCarthy
Desde Islamabad

La policía arrestó ayer a más de 600 personas en Pakistán y allanó hogares y oficinas ligados a cinco grupos militantes prohibidos por el general Pervez Musharraf en una nueva batida represiva contra el extremismo. El presidente Musharraf parecía no enfrentar desafío alguno después de un inusual y agresivo discurso en que se burló de la derecha religiosa de Pakistán e ilegalizó a varios de los partidos islámicos más extremistas. Gran parte de la prensa pakistaní se alineó detrás suyo y apenas hubo el destello de una protesta en las calles. La mayor parte de los partidos religiosos de línea dura ya han sido marginalizados de hecho, sus líderes encarcelados y sus militantes desmoralizados después de fracasar en el intento de activar una insurrección callejera durante la guerra en Afganistán.
Sin embargo, queda por verse si lo que hizo el general es suficiente para evitar una guerra con India. Jaswant Singh, el canciller indio, dijo que su gobierno estaba preparado para esperar a que Pakistán implementara sus nuevas políticas. “Pakistán sólo ha declarado sus intenciones. Dejemos primero que haga lo que dice”, declaró. Singh agregó que no habrá conversaciones entre los dos países a menos que los militantes cesen de cruzar dentro de India a través de la Línea de Control, la línea del frente que divide las montañas de Kashmir. Durante el fin de semana, 12 rebeldes, incluyendo a dos de nacionalidad holandesa, fueron muertos en dos estallidos de violencia separados en Jammu y Kahsmir. Un portavoz de la fuerza de seguridad fronteriza india dijo que dos militantes identificados como holandeses nativos que habían llegado en avión a Nueva Dehli desde Amsterdam el mes pasado, fueron muertos a tiros por soldados indios ayer cuando intentaron atacar con cuchillos a una patrulla de seguridad en Srinagar. Otros 10 militantes fueron muertos a tiros en distintos enfrentamientos con armas de fuego en el resto de la región.
En su discurso televisivo del sábado el general Musharraf ilegalizó dos grupos militantes clave: Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammad, que están involucrados en la guerra en Kashmir y a los que India culpa por el atentado contra el Parlamento en Nueva Dehli el mes pasado, que dejó 14 muertos. Hafiz Mohammad Saeed, el encarcelado líder de Lashkar, insistió que la guerra de guerrillas seguiría. “Seguiré con mi lucha hasta que la umma (comunidad) musulmana sea liberada y la palabra de Alá se establezca sobre el mundo”, dijo en un mensaje desde su celda en la prisión.
Los militantes ya han empezado a desplazar sus oficinas al Kashmir pakistaní en un intento de escapar a los arrestos. La verdadera prueba para el general Musharraf vendrá en las próximas semanas, cuando ordene al Ejército y a las agencias de inteligencia que eviten que los grupos se reconstituyan secretamente pese a la prohibición. Altos funcionarios pakistaníes dicen que el general está hoy tan seguro de su posición que se propone adelantar unas elecciones generales que estaban programadas para octubre y que serán las primeras desde que Musharraf tomó el poder en un golpe de Estado hace más de dos años. A menos que la actual tensión militar con India escale a un conflicto en regla, el presidente podría anunciar una cita electoral tan temprana como julio o agosto, según los funcionarios. Una rápida convocatoria electoral le permitiría a Musharraf capitalizar el respaldo que percibe en su país y el respaldo que se ha asegurado de las potencias occidentales desde que acordó ayudar a EE.UU. en su guerra en Afganistán.
El difunto general Zia Ul Haq, último dictador militar de Pakistán, fue legitimado como presidente a través de un referéndum frecuentemente criticado. El político Izaj-ul Haq, hijo del general Zia y dueño de buenos contactos con los militares dijo que “las elecciones anticipadas son una posibilidad realista a menos que entremos en guerra. Las cosas le están yendo bien a Musharraf. Internacionalmente, lo están aceptando. Puede lograr todo lo que quiera”.