Francia fue condenada ayer por la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDA) con el cargo de “proceso no equitativo” en el caso del juicio al colaboracionista del régimen de Vichy, Maurice Papon. Sentenciado en 1998 a 10 años de cárcel por “complicidad en crímenes contra la humanidad”, Papon, ex prefecto de la Gironda durante la Segunda Guerra Mundial, consiguió entreabrir las puertas de la cárcel. La decisión de la Corte Europea no autoriza de inmediato que Papon salga libre pero sí le abre un camino judicial que podría revelarse decisivo para su liberación.
Los jueces de esta Corte con sede en Estrasburgo, norte de Francia, estimaron que era contrario a los derechos de la defensa y a la “presunción de inocencia” que la justicia francesa no haya examinado en su momento un pedido de casación presentado por Papon con la excusa de que el acusado no se entregó a las autoridades en vísperas de la audiencia ante la jurisdicción penal francesa de más peso. La sentencia de la Corte europea no incide en el destino actual del prisionero porque el derecho nacional francés se impone a cualquier otra decisión. Sin embargo, sus abogados cuentan desde ahora con una panoplia legal capaz de modificar el curso penal de una ya intrincada historia judicial. Papon no contaba hasta ayer con ningún recurso para conseguir su libertad. Sin embargo, la instancia europea modificó la configuración del caso al darle la razón a la demanda presentada por los abogados de Papon basada en una ley adoptada hace dos años. La ley sobre la presunción de inocencia del 15 de junio del ano 2000 estipuló que “el reexamen de una decisión penal definitiva puede ser solicitado en beneficio de cualquier persona a quien se haya reconocido culpable de una infracción” siempre y cuando la Corte considere que su proceso no ha sido equitativo.
Este es precisamente el ángulo bajo el cual se amparará en adelante Papon. La ley del 2000 instauró una comisión que reexamina las decisiones penales que torna casi automáticas las sentencias de la Corte europea. Los abogados de Papon, Jean Marc Varaut y Francis Vuillemin, presentarán una demanda ante dicha comisión de reexamen la cual, a su vez, determinará si la solicitud de casación de la sentencia mediante la cual se condenó a Papon a 10 años de cárcel debe o no ser revisada por la justicia francesa. Pero detrás de ese reexamen de la condena se agita el fantasma de la libertad del acusado. Aunque complejos, los pasos judiciales por venir no son inciertos: si los magistrados admiten que Papon tiene el derecho a protestar jurídicamente contra su condena, ello tendrá como consecuencia que el ex prefecto estará en condiciones de recobrar la libertad al menos hasta que la Corte de Casación emita una nueva sentencia.
Dominique Perben, ministro francés de Justicia, no hizo ningún comentario tras el anuncio de la Corte europea pero su intervención suscitó la reprobación de las asociaciones judías, las de lucha contra el racismo y de las asociaciones de familias víctimas de la deportación. El juicio organizado en Francia contra Papon en 1998 requirió 16 años de procedimientos, duró algo más de seis meses y estuvo marcado por muchas vicisitudes, entre ellas la fuga a Suiza del acusado, quien luego fue capturado y traído a Francia. Papon, pese a su clara implicación en la deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo una carrera política sin tropiezos: entre 1958 y 1966 fue prefecto de policía de París, diputado gaullista entre 1968 y 1978, y llegó a ocupar la cartera de ministro de Presupuesto de 1978 a 1981, puesto que le permitió viajar a la Argentina para negociar con la dictadura militar de Videla, a la cual le vendió armas. Francia ya fue condenada en cuatro ocasiones por los mismos jueces europeos debido a la misma falla. La presunción de inocenciapermite que un acusado permanezca libre, incluso si éste cometió o fue cómplice en los crímenes más odiosos que se hayan cometido en la historia de la humanidad.