Desde Madrid

Se cumplen tres años del mayor atentado de la historia española, pero éste no es un aniversario cualquiera. La celebración del gigantesco juicio oral que comenzó hace tres semanas en las especiales instalaciones judiciales de la Casa de Campo en Madrid va despejando muchas de las incógnitas que el estricto secreto de sumario decretado en su momento por el juez instructor Juan del Olmo había mantenido en la oscuridad. Pero el juicio está provocando a su vez un gran impacto político a medida que el desfile de los acusados y los primeros testigos en el estrado van desarticulando poco a poco la teoría conspirativa alentada en su momento por el Partido Popular y los medios de comunicación que le son afines.

La famosa teoría conspirativa fue elaborada con la intención de relacionar al grupo separatista ETA a unos atentados hasta ahora exclusivamente vinculados al mundo radical islámico y que fueron orquestados como un castigo por la participación de la España de José María Aznar en la guerra de George W. Bush contra Irak.

Esta semana que apenas concluye el juicio ha estado dedicado a los primeros testigos policiales del caso. Todos ellos, incluido un soplón de la policía y un analista del Real Instituto Elcano, han declarado ocultos detrás de unas cortinas o de espaldas al público, con el objetivo de proteger su identidad. Los relatos no podían ser más reveladores: los policías detallaron, subyugando a la audiencia, los avatares de la investigación contando historias que por momentos parecían extraídas de una serie de espías norteamericana. Poco a poco dejaron al descubierto las tormentosas relaciones de los cuerpos de seguridad con el mundillo islámico antes de los atentados, lo que permitió detectar las intenciones de los terroristas, pero no detenerlos a tiempo. “Siempre iban un paso por delante”, concluyó con impotencia uno de los testimonios. Según el analista del Instituto Elcano, ya en septiembre de 2003 habían aparecido documentos en Internet que invitaban a realizar la jihad en España unos días antes de las elecciones, demostrando que el movimiento islámico había realizado una compleja y acertada lectura política de lo que estaba sucediendo en un país que se había opuesto mayoritariamente a la guerra iraquí.

La declaración del llamado “confidente Cartagena”, soplón de los servicios de inteligencia, también dejó en claro que para el gobierno de José María Aznar no era prioritaria la vigilancia de estos grupos, a los que dedicó pocos recursos, llegando incluso a quitarlo de en medio después de que éste avisara que se estaban buscando mártires entre la población musulmana del barrio de Lavapiés, en Madrid. “Me dijeron que por mi bien abandonara el grupo (que estaba observando) y me fuera de Madrid”, aclaró, para estupefacción de los presentes en la sala. Desde el periódico El Mundo, gran mentor de la “hipótesis ETA”, se utilizó esta declaración para intentar construir una nueva teoría conspirativa. Ante la evidencia de que fueron terroristas islámicos los culpables, ahora se pretende ver una conspiración policial (supuestamente realizada por agentes vinculados al PSOE) que habrían dejado hacer a los terroristas especulando con el daño que un ataque podría llegar a causar a la administración Aznar. Un argumento tan disparatado que deja en claro la exasperación de estos sectores políticos y mediáticos que vienen intoxicando a la opinión pública desde hace tres años ante las evidencias que va dejando el juicio en el camino.

La declaración de un policía experto en ETA despejó aún más las dudas, al afirmar que desde el principio quedó claro que no se trataba de un ataque de los separatistas vascos. “No era su modus operandi” , aclaró, ante la insistencia de los abogados de las acusaciones particulares vinculadas a las asociaciones más conservadoras de víctimas del terrorismo. La estrategia de este puñado de letrados, que comparten las tesis conspirativas del Partido Popular, de realizar siempre las preguntas con el objetivo de vincular a ETA, logró exasperar al presidente del tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que les advirtió que se encuentran en el juicio porque comparten la imputación contra los acusados y no para actuar indirectamente como abogados defensores de los islamistas al intentar demostrar que ellos no fueron los autores de los ataques.

Otra de las secuelas públicas del juicio guarda relación con el mundillo de los musulmanes inmigrantes que viven en España y su relación con la sociedad que los acoge. A lo largo de la última semana el diario El País logró entrevistar a familiares de los acusados, los cuales han renegado públicamente de las acciones de sus parientes cercanos, dejando en evidencia que dentro del mismo corazón de las familias de los islamistas existen profundas divisiones políticas a la hora de relacionarse con el país de acogida.

Incluso el testimonio de uno de los policías investigadores reveló que el hermano de Jamal Ahmidan, “El Chino”, uno de los principales cerebros del ataque que terminó haciéndose saltar por los aires en el piso del barrio de Leganés minutos antes de que los grupos especiales de la policía lo capturaran pocos después del 11-M, había advertido a la policía que su hermano estaba implicado.

El largo proceso oral, que se estima durará hasta finales de junio, se está transformando de este modo en un eficaz método para curar las heridas abiertas entre la comunidad musulmana y la sociedad española después de los ataques. Al mismo tiempo, el proceso abierto contra las células islamistas y los delincuentes comunes españoles que les vendieron los materiales explosivos está sirviendo a España para marcar diferencias con Estados Unidos, cuya justicia ha sido incapaz hasta el momento de promover un juicio de esta naturaleza contra los supuestos terroristas que permanecen encerrados en su base de Guantánamo sin ningún tipo de garantías legales que les asegure el derecho a su legítima defensa.