El ministro de Justicia de Estados Unidos, Alberto González, admitió ayer que se habían cometido errores en la decisión de reemplazar a varios fiscales. La decisión de destituir a los fiscales había emanado de la Casa Blanca en 2005, según un artículo publicado ayer en el The New York Times, y habría sido estimulada por el propio presidente Bush. Los adversarios demócratas de Bush no dejaron pasar la ocasión y lo intimaron ayer a explicarse sobre la independencia de la Justicia en Estados Unidos.

“El presidente debe aclarar su papel en todo este episodio”, declaró el influyente senador Charles Schumer, número tres de la mayoría demócrata en la Cámara alta, en referencia entre otras cosas al artículo. “En octubre último, el presidente Bush habló con el ministro de Justicia (fiscal general), Alberto González, para responder a las preocupaciones de algunos líderes republicanos que estimaban que algunos fiscales no eran demasiado activos” en investigaciones políticas, asegura el diario. El caso ya provocó la dimisión del jefe de gabinete del fiscal general y empujó a Schumer a reclamar la dimisión del propio González, uno de los más fieles ministros del presidente.

“Ahora tenemos la prueba directa de que González llevaba a la práctica la voluntad política del presidente Bush, al menos en lo que concierne a algunos de esos fiscales destituidos”, aseguró Schumer. “O bien el ministro olvidó que había prometido bajo juramento defender la Constitución o bien simplemente no comprende que su deber de proteger el derecho es superior a su deber de proteger al presidente”, declaró Schumer.

El caso, que viene incubándose desde hace varias semanas, se vincula con el despido de ocho fiscales el año pasado, en plena campaña para las elecciones legislativas. Algunos de esos funcionarios estaban involucrados en investigaciones políticamente sensibles y cuatro de ellos fueron la semana pasada al Senado a dar testimonio sobre las presiones que sufrieron.

Tras haber repetido que sus despidos no tenían ninguna motivación política y que, de todas maneras, los fiscales federales estaban “al servicio del presidente”, Alberto González adoptó un tono más conciliador y se comprometió a dar explicaciones al Congreso.