La injerencia de Estados Unidos en el conflicto colombiano avanza a paso seguro y prepara con moño la asunción del liberal Alvaro Uribe el próximo 7 de agosto: a un día que el Congreso aprobara el uso de la ayuda militar antidrogas (Plan Colombia) para combatir a la insurgencia en Colombia, la embajadora de Washington en Bogotá, Anne Patterson, aconsejó el llamado a los reservistas para incrementar el pie de fuerza en ese país, al advertir que “las fuerzas armadas y la Policía Nacional necesitan aumentar su tamaño y su profesionalismo, y esto puede exigir una mayor utilización de la reserva”. Además, anunció que sus fuerzas especiales entrenarán al ejército colombiano para proteger la infraestructura petrolera de los ataques de la guerrilla. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional criticó la intervención militar estadounidense en la lucha contra la guerrilla y los paramilitares.
Patterson propuso al gobierno colombiano incrementar su fuerza militar e invertir mayores recursos en la misma, tras recordar la resolución del miércoles último del Congreso de su país que autorizó a Bogotá a utilizar la ayuda militar estadounidense, inicialmente destinada a combatir el narcotráfico, para enfrentar a las guerrillas y a la ultraderecha paramilitar. En ese sentido, la diplomática recomendó al gobierno convocar a las reservas militares, al señalar que “el número de efectivos, como porcentaje de la población en Colombia, es muy bajo comparado con otros países”. Asimismo, la embajadora estadounidense dijo que su gobierno proyecta gestionar nuevos recursos en el Legislativo para apoyar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia. Sobre el tema de la seguridad de los oleoductos, como el valuado Caño Limón, apuntó que “en las próximas semanas vamos a empezar a entrenar a soldados colombianos con nuestras fuerzas especiales”.
La asistencia económica y militar que presta Washington a Bogotá en el marco del Plan Colombia de lucha antidrogas asciende a la fecha a 2000 millones de dólares. Patterson también anunció que Estados Unidos destinará este año cinco millones de dólares a un plan para reestablecer la presencia de la policía en varios municipios del país, de donde esa institución debió salir por los continuos hostigamientos de los grupos armados. El Congreso norteamericano aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley por 28.900 millones de dólares en gastos suplementarios para la lucha mundial antiterrorista, que permite a Colombia utilizar la ayuda militar estadounidense para enfrentar a los grupos irregulares.
Las declaraciones de la embajadora se produjeron a menos de dos semanas de que Alvaro Uribe asuma la presidencia de Colombia. El político de línea dura sucederá al conservador Andrés Pastrana, cuya gestión no logró una salida negociada con las FARC, principal grupo guerrillero, luego de casi cuatro años de conversaciones. Uribe ha anunciado combatir con mano dura a las guerrillas y a los paramilitares, y que su gobierno incrementará el número de tropas y organizará a un millón de civiles en torno de las fuerzas armadas. Pastrana señaló que si bien la iniciativa comunicada por Patterson “es buena, no es viable en las actuales condiciones, porque no existen los elementos para dotar a los nuevos efectivos ni personal de mando que los lidere”. Por su parte, el general Rafael Samudio, ex ministro de Defensa y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de las Fuerzas Militares (Acore), aseguró que la iniciativa “es muy consecuente con la situación del país” y cifró en 20.000 los hombres que deberían ser convocados por el gobierno. Además, el Comando Sur de Estados Unidos dijo estar dispuesto a apoyar a Colombia en la lucha antiinsurrección. Pero la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional se declaró “perpleja” ante la decisión de Estados Unidos de implicarse en la lucha contra la guerrilla y los grupos paramilitares colombianos, debido a que “podría agravar” las violaciones de los derechos humanos en ese país.