Todos son rumores en Quito. Después de la fallida sesión del Congreso el martes pasado, todos los sectores políticos ya preparan su siguiente movida. Los 57 diputados de la oposición, destituidos por el Tribunal Supremo Electoral, se recluyeron en un hotel capitalino. Quieren evitar que los diputados suplentes tomen posesión el próximo martes, ya que según el tribunal y el gobierno los suplentes pueden asumir sin ser aprobados en una sesión. Ayer un juez suspendió la remoción de los diputados, agravando el conflicto de poderes. En diálogo telefónico con Página/12, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, evitó confrontar con la oposición y tomó distancia del conflicto.

–¿Por qué el presidente Rafael Correa asegura que no hay crisis?

–Sin dudas, el país está pasando por un momento conflictivo. La mayoría parlamentaria ha intentado boicotear la consulta popular, en la que el presidente quiere preguntarle a la gente si apoya una Constituyente. Llegaron incluso a destituir al presidente del tribunal electoral. Pero la mayoría del tribunal no aceptó esta decisión por ser ilegal. Ahí terminó la cuestión. Ahora el conflicto es para reactivar el Congreso.

–¿El gobierno también está negociando para recuperar el quórum?

–Lo que tenemos ahora es un llamado público del tribunal electoral para que tomen posesión los diputados suplentes. Para ello, el presidente del Congreso llamó a una sesión el próximo martes.

–Pero eso ya se intentó el martes pasado y no hubo quórum.

–Nosotros creemos que la semana que viene la cuestión se solucionará. De todas maneras, el problema de fondo es otro. Hace diez años que el país está sufriendo una crisis institucional. Los poderes y las instituciones fueron siendo cooptados por los mismos que hoy integran la mayoría parlamentaria. Para terminar con esto es necesario trazar otro rumbo y sólo lograremos eso con una Asamblea Constituyente.

–¿Cuáles son los cambios concretos que plantean para la Constituyente?

–Hemos sido claros desde la campaña. Queremos la despartidización de los órganos de control del Estado, una Constitución que garantice la transparencia en los procesos de designación de los funcionarios públicos y un modelo económico que sea productivo y no uno rentista como el que tenemos hoy, que se basa exclusivamente en la producción petrolera.

–El gobierno no se ha mostrado muy abierto a negociar con la oposición.

–Nosotros no fuimos los que destituimos a los 57 diputados y, por eso, no tenemos nada que negociar. Dentro de la Constituyente, nos manejaremos bajo el precepto de que hay plenos poderes para cambiar todo.

–Los diputados opositores dicen que el gobierno no había enviado al tribunal electoral el mismo estatuto de la consulta popular que el Congreso había aprobado.

–El tribunal electoral le consultó al Congreso si consideraba o no la convocatoria de la asamblea. Después los diputados quisieron agregar algunos comentarios. El Ejecutivo aceptó algunos y desechó otros.

–Pero uno de esos comentarios que desechó fue justamente el que había permitido que la mayoría de los diputados aprobara la consulta.

–Lo que pedían es que la asamblea respetara a los funcionarios que habían sido elegidos en las últimas elecciones. Y está bien. El gobierno los respeta, pero no podemos ponerle trabas a la Constituyente si le dimos plenos poderes.