Tras años de debates y controversias, China aprobó finalmente ayer su primera ley sobre la propiedad privada, salvo para la tierra, que sigue siendo dominio del Estado. La ley, adoptada por el Parlamento, apunta a proteger a la vez la propiedad colectiva, pública, y la propiedad privada, aunque, según los medios de comunicación estatales, Pekín sigue colocando el bien público en el corazón del sistema económico.

Presentada por primera vez en 2002 al comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento), después de años de preparación, pasó por siete lecturas antes de ser sometida a votación y aprobada al final por 2299 votos a favor y 52 en contra. La votación tuvo lugar tres años después de una votación histórica del Parlamento para inscribir la protección de la propiedad privada en la Constitución. Pero es la primera vez que la protección de los intereses privados al mismo título que los intereses públicos es grabado en el mármol de una ley.

El texto de 247 artículos, que debe entrar en vigor el 1º de octubre, estipula sobre todo que “la propiedad del Estado, colectiva, individual (...) está protegida por la ley y nadie puede infringirla”. Un sector del Partido Comunista en el poder se opuso al proyecto por considerar demasiado capitalista la consagración de los derechos individuales. Otros opositores argumentaban que permitiría a algunos, sobre todo a funcionarios corruptos, proteger los bienes de los cuales se han apoderado.

Sus partidarios, sin embargo, destacaban la necesidad de clarificar los derechos de propiedad en un Estado que sigue siendo comunista, aunque en la práctica las reformas económicas, lanzadas en 1978, acabaron desde hace mucho con la colectivización maoísta. Según la agencia China Nueva, “el subdirector de la Comisión de Asuntos Legislativos del comité permanente de la ANP, Wang Shengming, subrayó que la ley muestra el espíritu de la reforma y la apertura en China, protegiendo el orden de la economía de mercado socialista y otorgando igual protección a la propiedad privada y pública”.

La ley no soluciona un problema crucial de la China moderna: la ausencia de los derechos de los campesinos sobre las tierras que explotan, que son propiedad de la colectividad, y de las cuales a veces son expoliados. Pero durante los debates, altos responsables como Wang Zhaoguo, vicepresidente del comité permanente de la ANP, salieron a la palestra para explicar que la ley es “compatible con el sistema socialista”.

Los analistas subrayaron que la ley era inevitable e indispensable para el desarrollo del país.

“Es necesario que la propiedad legal esté bien protegida para que la gente tenga ganas de crear más riqueza y que China continúe su desarrollo económico”, comentó Jiang Ping, ex presidente de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.