Sumida en su gigantesco laberinto, Bolivia busca una salida. La gente va y viene entre muros de ladrillo, deambulando por pasillos estrechos, sin llegar a ningún lado. Pero hay un camino. Es un camino sinuoso, que sube y baja, avanza y retrocede, pero finalmente conduce a una salida, una ventana se abre en la pared que rodea el laberinto, para reflejar el azul del mar.

La escena del artista Martín Sánchez ilustra el informe anual sobre desarrollo humano en Bolivia del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y captura el ideario que inspira el trabajo. Su autor, el economista, cientista político y antropólogo George Gray Molina, estuvo en Buenos Aires esta semana para exponer ante un grupo de académicos latinoamericanos un adelanto del informe, titulado “El estado del Estado”, que será presentado el tres de abril en La Paz.

El trabajo se basa en estudios de opinión pública y entrevistas con diversos actores sociales, políticos, económicos y burocráticos. Su tesis es que en los últimos años, por una diversidad de factores, ha surgido en Bolivia un nuevo sentido común, y con él un esbozo de método de resolución para los conflictos generados por las fuerzas históricas que pugnan por imponer su ideario de país.

Evo Morales sería según Gray Molina el exponente de una nueva generación de líderes que refleja este nuevo sentido común, que atraviesa clases sociales, diferencias regionales y abismos culturales. Una generación surgida de una incipiente clase media urbana pero de origen rural, que usa Internet pero mantiene su sentido de pertenencia tribal, que recorre el camino entre la lucha gremial callejera y la alta política, entre la montaña y el llano, entre indigenismo y la globalización y que ya suma 2,5 millones de bolivianos.

El sentido común se construye alrededor de consensos. Según Gray Molina, hoy la gran mayoría de los bolivianos cree que los recursos naturales deben ser de todos los bolivianos y que deben ser la base para el desarrollo del país. Hasta los sectores adinerados de oriente comparten esta creencia, señala el autor, citando las cifras y estadísticas que su equipo compiló. “Hoy se discute cómo se administran esos recursos, pero no su propiedad”, dice el académico y aporta datos: los 1400 millones de dólares que el Estado recaudó este año por la venta de hidrocarburos es el doble de lo que Bolivia recibirá en concepto de cooperación internacional y siete veces más de lo que recaudaba por la venta de hidrocarburos hace sólo cuatro años.

A este consenso se suma el de que el Estado Bolivia debe ser plurinacional y multicultural, un instrumento de compatibilización. “Este consenso hace 15 años no existía”, apunta Gray Molina y señala las experiencias de autogestión indígena en el norte de Potosí y alrededor de La Paz, que aún no se encuadran en un marco legal o constitucional, pero se dan de hecho.

Los temas pendientes no son menores: las aspiraciones autonómicas de las provincias ricas, las demandas multiculturalistas de los grupos indigenistas, la discusión sobre la propiedad de la tierra, la ausencia del Estado en vastas regiones del país (donde su alcance se limita a la escuela y el cuartel), la concentración de la economía en sectores productivos primarios, un Estado que, en vez de igualar, estratifica y discrimina. Con cinco presidentes en cinco años y el abismo siempre a la vuelta de la esquina, cada cual hace la suya: “La sociedad boliviana está formada por espacios públicos diversos y autocontenidos que reclaman acuerdos bilaterales con el Estado. Coexisten múltiples formas de convivencia y criterios de ejercicio y demanda de derechos. Cuando estos espacios pugnan por recursos escasos o por el reconocimiento del Estado, es cuando se siente la ausencia de una base común para la resolución de conflictos.”

Las demandas sobre el Estado boliviano son cada vez más pesadas. “Hoy no alcanza con hacer un camino. El camino debe ser transparente, eficiente, con mano de obra gremial, multicultural, interregional, ecológico, práctico, prioritario, etc., etc.”, explica Gray Molina, describiendo uno de los países más movilizados de América latina, con una sociedad civil pujante y activa, que abarca desde el comité cívico Santa Cruz, bastión de la derecha opositora, hasta los gremios cocaleros que forman la base de la coalición gobernante.

Gray Molina señala que hay idearios de país que unen y otros que polarizan. “Entre los imaginarios que unen, el de la Asamblea Constituyente plantea una salida del laberinto participativa y solidaria. Siete de cada diez bolivianos creen que la asamblea es el escenario de la construcción de un nuevo pacto social”, explica. Después de seis meses de discutir el reglamento, tema no menor por cierto, la asamblea finalmente arrancó el mes pasado. Todos los actores importantes están representados en ella. Según Gray Molina, la presión de la opinión pública obligará a esos actores a llegar a un acuerdo. La carta de la reelección de Morales, que la actual Constitución no permite, podría ser canjeada por concesiones para las regiones autonomistas. Y esas concesiones a las regiones ricas abrirían la puerta para transferir derechos a los grupos indigenistas para autogestionarse siguiendo los preceptos de sus respectivas culturas.

La tesis de Gray Molina destila optimismo. Según su autor, la sensación no parte de un espíritu de voluntarismo tecnocrático, sino de los datos compilados, de los números duros. Pero cuando terminó de hablar, algunos colegas le recordaron que la selección de los datos no es inocente.

El sociólogo Fernando Mayorga, de la Universidad Pública de Cochabamba, aportó un dato que el informe de Naciones Unidas habría pasado por alto: hace algunas semanas, y tal como informó Página/12 en su momento con lujo de detalles, diez mil indígenas armados de palos, piedras y machetes se enfrentaron en una batalla campal con quince mil clasemedieros que blandían armas cortas y bates de béisbol en la plaza central de Cochabamba. La trifulca dejó un saldo de tres muertos y decenas de heridos y rompió la barrera de la no agresión física que había caracterizado a las movilizaciones políticas bolivianas.

El riesgo es que se imponga el otro ideario, el de las autonomías. El que separa a ricos de pobres, a indios de mestizos, a llaneros de montañeses. Los datos de Gray Molina muestran que las regiones pobres no quieren autonomía, pero las ricas sí. La fractura es evidente. El abrupto descenso del índice de aprobación de la Asamblea Constituyente (cayó 18 puntos en cuatro meses para ubicarse apenas arriba del 50%) seguramente es una señal de alerta, tanto como los muertos de Cochabamba.

Por cada ideario de sentido común que se pueda construir para sostener que Bolivia va en el camino correcto, es posible, mediante otras preguntas, otros estudios, llegar a la conclusión de que Bolivia se va a los caños, criticaron los intelectuales que escucharon a Gray Molina.

“¿Quién interpela el sentido común que usted menciona, además de las Naciones Unidas?”, preguntó con cierta malicia el sociólogo chileno Juan Enrique Vega, haciendo notar que hay una gran distancia entre el consenso que aparece en los estudios de opinión pública de la PNUD y el comportamiento confrontativo de los líderes que representan a esa opinión pública.

Bolivia busca una salida a través de un proceso dinámico y cambiante, que fascina y cautiva a pensadores en todo el mundo. Si se siembra con sentido común el camino de coincidencias que forma el ideario boliviano, se llegará a la tierra prometida de una sociedad más justa, más próspera y más tolerante, parece decir el experto de Naciones Unidas. No va a ser fácil. A veces conviene dar rodeos o esperar el viento de cola. A veces el tiempo juega en contra y se hace imprescindible recurrir a la topadora. Ningún mapa es infalible. El camino se hace al andar.