Hasta 700.000 polacos están obligados a conseguir, desde esta semana, su certificado de limpieza política. Periodistas, funcionarios, directores de escuela y profesores universitarios, nacidos antes de 1972, tienen dos meses para confesar si colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista que gobernó el país hasta 1989. El Instituto de la Memoria Nacional –utilizado por el gobierno para su campaña de depuración ideológica anticomunista– cotejará los datos con los archivos de la antigua policía política. Los ciudadanos que no envíen su currículum o mientan sobre su pasado habrán cometido un delito, y se les puede prohibir que ejerzan su profesión durante 10 años. Los críticos esperan que el Tribunal Constitucional paralice la ley.

Esta es la principal iniciativa en la caza lanzada desde su llegada al poder por los gemelos conservadores Lech y Jaroslaw Kaczynski (presidente y primer ministro), y que tiene pasmada a Europa. Bautizada como Ley de Lustración, entra en vigor hoy y obliga a cientos de miles de polacos (entre 400.000 y 700.000) a responder: “¿Ha colaborado secretamente y conscientemente con los antiguos servicios de seguridad comunistas?”. Esta pregunta divide a los polacos. Los partidarios alegan que da transparencia al sistema y que no hay nada que temer. Los que se oponen –muchos amenazan con boicotear la norma– creen que es inconstitucional.

“Esta iniciativa no atenta contra la vida privada de las personas; se ha exagerado su objetivo”, afirma Stefan Truszczynski, secretario general de la Asociación de Periodistas de Polonia, que agrupa a unos 2500 miembros de la profesión (en todo el país se calcula que hay entre 10.000 y 15.000). “En principio, estoy en contra de exigir a la gente que expliquen qué han hecho con sus vidas”, responde Radoslaw Markowski, experto en política de la Academia Polaca de Ciencia.

Decidir si la ley se ajusta a la norma será responsabilidad del Tribunal Constitucional, que puede tomar una decisión a principios de mayo, antes de que termine el plazo dado a los polacos para enviar sus datos a las autoridades (el 15 de mayo). Los afectados –desde periodistas hasta académicos y algunos directivos, ya que la limpieza entre la clase política se hizo con una legislación anterior– tienen que haber nacido antes de agosto de 1972. Han de rellenar un folleto y entregárselo a su jefe y éste al Instituto de la Memoria. El organismo, tras rebuscar en sus archivos, decidirá si emite el certificado que demuestra que ya han sido investigados.

Pero si no lo entregan o mienten –al parecer, todo indica que los investigadores serán más compasivos con los que confiesen un pasado negro–, será considerado un delito que puede costarles hasta 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. “Si todos cumplen la ley, no va a pasar nada; es un ejercicio de transparencia”, asegura Andrzej Palaga, periodista del Dziennik, un periódico que defiende la ley con fervor. “Los servicios secretos me arrestaron en los ochenta y me ofrecieron que colaborara con ellos y les dije que no, porque se podía decir que no”, añade este periodista.

No todos creen que la ley purificará a Polonia de sus vínculos con el pasado comunista. Por ejemplo, Andrzej Krawczyk no pudo decir que no. Fue detenido en Varsovia en 1982 con folletos contra el régimen. En prisión le obligaron a firmar un documento de cooperación con la policía secreta, pero después se arrepintió y asegura que jamás colaboró. Ahora es un alto funcionario de la Administración y se plantea solicitar el certificado.

“Una ley anticomunista me está castigando por lo que hice en favor de la democracia hace 25 años”, afirma. Krawczyk ya tuvo que dimitir como subsecretario de Estado del gobierno del presidente, Lech Kaczynski, el mes pasado por acusaciones de espionaje.

El primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, llegó al poder con la promesa de derribar la antigua red de espionaje comunista. “La red aún existe y es más fuerte de lo que pensábamos”, dijo en marzo en una entrevista al diario Rzeczpospolita, partidario de la ley.

“Esta iniciativa ha abierto una brecha profunda en Polonia”, según Maciej Stasinski, que trabaja en la Gazeta Wyborcza, uno de los periódicos más beligerantes con la medida. Stasinski dice que jamás cooperó con la policía. “Ojalá el Tribunal Constitucional pare todo esto”, se ilusiona.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.