El gobierno de Alan García se ha dado de cara contra sus ambigüedades y contradicciones internas para enfrentar la compleja y delicada problemática de la producción de hoja de coca, actividad a la que se dedican aproximadamente 60 mil agricultores, y ha quedado en una difícil situación. De un lado enfrenta las demandas de los cocaleros para que se detengan las erradicaciones forzadas de sus cultivos, y del otro las fuertes presiones de la embajada norteamericana por profundizar esas erradicaciones y criminalizar a los cocaleros. En esa disputa siempre ha ganado la embajada, que ha impuesto a distintos gobiernos su política de eliminación de la hoja de coca y de represión a los cocaleros. Pero hace diez días las cosas parecían comenzar a tomar otro rumbo cuando el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, viajó a los valles cocaleros, donde los agricultores llevaban una semana de protestas con bloqueo de las carreteras, y firmó con ellos un acta para detener las erradicaciones temporalmente mientras se hacía un empadronamiento de los cultivos de coca y de sus propietarios, una vieja demanda de los cocaleros que sucesivos gobiernos habían rechazado repitiendo el argumento de Washington de que eso significaría beneficiar al narcotráfico.

Salazar admitió públicamente que el gobierno no tiene una política antidrogas propia y que se limita a aplicar la política impuesta por Estados Unidos, la que se centra en atacar al eslabón más débil de la cadena: los cocaleros. “Hay que dejar de actuar con hipocresía. Esta política antidrogas ha fracasado”, señaló el ministro ante el Congreso cuando fue a defender el acuerdo con los cocaleros.

“La firma de esta acta ha sido una victoria histórica para el movimiento cocalero”, le señaló a Página 12 Nancy Obregón, dirigente cocalera y congresista por el partido del ex candidato presidencial Ollanta Humala. Pero los aires de cambio duraron poco. Mientras los cocaleros celebraban, la embajada norteamericana presionaba. El embajador norteamericano, James Curtis Strable, advirtió que los congresistas de su país que deben ratificar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Perú, el cual García está empeñado en sacar adelante, veían con preocupación la firma de un acuerdo con los cocaleros. El mensaje quedó claro. Los medios y analistas más cercanos a las posturas de la embajada norteamericana iniciaron una embestida contra el ministro Salazar y exigieron al gobierno que lo separe del cargo. El ex ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Fernando Rospigliosi, acusó al ministro Salazar de ser un aliado del narcotráfico. Las presiones dieron resultado y el gobierno comenzó a retroceder. El primer ministro, Jorge Del Castillo, no tardó en salir a tranquilizar a la embajada norteamericana asegurando que el gobierno mantenía inalterable su voluntad de erradicar la hoja de coca y que la suspensión de la erradicación acordada por su ministro de Agricultura sería solamente por diez días, plazo que no estaba fijado en el acta firmada, y que después de eso se reanudaría la política de erradicación impulsada por Washington.

Con este plazo de diez días, que luego extendió a quince, en la práctica el gobierno está desconociendo lo central del acuerdo firmado con los cocaleros, que era suspender las erradicaciones mientras se hacía un empadronamiento para luego de eso reanudarlas contra aquellos que no se empadronaran. Según expertos en el tema, un empadronamiento serio tomaría aproximadamente seis meses. El plazo para reanudar las erradicaciones dado por el gobierno vence el 31 de este mes. “Si el gobierno insiste en volver a la erradicación luego de este plazo sin haber cumplido con el empadronamiento, entonces se va a meter en serios problemas. Si no se cumple el acta solamente nos quedará el camino de la resistencia”, señala Obregón.

–¿La resistencia significa que habrá un levantamiento social de los cocaleros? –preguntó Página/12.

–Por supuesto. No vamos a permitir que nos engañen. Para mí defender la hoja de coca es defender la soberanía y la identidad del Perú –fue la respuesta en tono de advertencia.

El gobierno parece estar contra la espada y la pared: es decir, entre la embajada norteamericana y sus presiones para profundizar las erradicaciones de cocales y la amenaza de una convulsión social si incumple el compromiso que su ministro de Agricultura firmó con los cocaleros.

Frente a esa difícil situación, García juega a un doble discurso. Un día se acerca a las posturas de la embajada norteamericana y habla como un duro de la lucha contra la hoja de coca, y al otro día apoya al ministro que firmó el acuerdo con los cocaleros y defiende la hoja de coca. “García no se atreve a tomar una posición clara y por eso juega a los dos discursos. Pero al final se va a imponer la postura de la embajada norteamericana, porque este gobierno es incapaz de establecer un agenda propia en este tema. El acuerdo firmado por Salazar no va a cambiar las cosas y quedará como el patito feo del cuento oficial”, le dijo a Página/12 Ricardo Soberón, experto en coca y seguridad y representante en el Perú del Transnational Institute de Holanda. El gobierno está en una situación peligrosa. Las protestas en los valles cocaleros que el ministro Salazar –cuya permanencia en el gobierno está seriamente cuestionada por sus propios colegas del gabinete– logró apaciguar, amenazan retornar con más fuerza que antes. La cuenta regresiva ha comenzado.