Cercado como nunca después de seis años en la Casa Blanca, George Bush desató ayer su enojo contra sus rivales demócratas en el Congreso. Los acusó de hacer declaraciones irresponsables en el debate para incluir la retirada de las fuerzas estadounidenses dentro de las leyes de presupuestos de emergencia para la guerra en Irak.

Las críticas del presidente llegaron un día después que el Senado, que generalmente sale en su defensa, decidiera seguir los pasos de la Cámara de Representantes y rechazar una enmienda que quitaba el cronograma de retirada de Irak del proyecto de ley presupuestario. Hoy o mañana, los senadores terminarán de decidir si aprueban o no la iniciativa, que también incluye la partida de 122 mil millones de dólares extras para la guerra en Irak y Afganistán.

A pesar de no haber surtido efecto en el pasado, Bush volvió a amenazar con vetar cualquier norma que establezca un plazo para irse de Irak. El presidente está determinado a bloquearlo, aun si debe vetar también la partida millonaria dirigida para el golfo Pérsico. Según la Casa Blanca, sin ese dinero las tropas en Irak y Afganistán se quedarán sin fondos en un mes.

Bush aseguró que imponer “una fecha específica y azarosa para la retirada” sería desastroso y sólo beneficiaría a los enemigos de Estados Unidos en Irak. “Ellos simplemente tienen que marcar su calendario y pasar los meses que quedan decidiendo cómo van a utilizar su nuevo santuario cuando nosotros nos hayamos ido”, aseguró el presidente. Y luego continuó: “Los políticos no deben estar diseñando cronogramas arbitrarios para comandantes militares que están en una zona de guerra a más de 9500 kilómetros de distancia”.

Pero estas declaraciones tuvieron poca repercusión, no sólo entre la población que cada vez se opone más a la guerra, sino también en el Capitolio, en donde los republicanos están comenzando a dejar sola a la Casa Blanca. La ajustada votación del martes en el Senado –50 a 48– a favor de imponer una fecha de retirada sólo fue posible gracias a las defecciones de dos correligionarios de Bush, entre ellos Chuck Hagel de Nebraska, el republicano más crítico de la guerra y posible candidato presidencial para las elecciones del año próximo.

A pesar de defender con uñas y dientes lo que considera una prerrogativa de la Casa Blanca, Bush podría verse obligado a hacer algún compromiso con el Congreso, que se ha mostrado más a tono con la opinión pública en el tema de la retirada de las tropas de Irak. Algo similar da a entender Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara alta. “¿Por qué no toma una postura seria y reconoce lo que está pasando en el mundo? No estamos embargando el financiamiento de la guerra de Irak y él lo sabe. ¿Por qué no empieza a discutir los temas que le importan al pueblo estadounidense?,” cuestionó.

La Casa Blanca estaría en una mejor posición para negociar si la situación política de Bush no estuviera tan debilitada. Desde principio de año distintos sucesos golpearon la imagen pública del presidente. Primero fue la condena de Lewis Libby, el ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, por perjurio en el CIA-gate. Después siguió el escándalo sobre el trato médico a los soldados heridos en Irak en el hospital estadounidense Walter Reed. Ahora Washington está pendiente de la controversia que amenaza con hacer rodar la cabeza de Alberto González, el fiscal general –ministro de Justicia– y amigo de Bush desde su época como gobernador de Texas. Los cuestionamientos surgieron después de que su oficina removiera a ocho fiscales federales, posiblemente por razones políticas.

Como sucedió ayer en el Senado, a pesar de las advertencias del presidente Bush, el Congreso ya aprobó el interrogatorio de algunos de los principales asesores de la Casa Blanca, como Karl Rove, en el caso de los fiscales.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.