Nadie esperaba su nombramiento como ministra de Trabajo de Nicaragua, sobre todo después de su alejamiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los ’90. Aun así, lo cierto es que hoy Jeannette Chávez no sólo volvió al ruedo político sino que representa, aunque prefiera no reconocerlo abiertamente, al ala izquierda de su partido, que volvió al poder el pasado 10 de enero de la mano de su histórico líder, Daniel Ortega.

En esta entrevista, Chávez asegura que su cartera ya no será pro-empleador, que apuesta a que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. sea de bajo perfil, que confía en el Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y que si bien se conserva el enfoque social de los ochenta, este nuevo sandinismo respetará el libre mercado y la empresa privada y priorizará el crecimiento económico por encima de la redistribución, para no “redistribuir miseria”.

–¿Cuáles son las diferencias entre el modelo político y social que busca este nuevo gobierno sandinista y el de la revolución de 1979?

–En aquella época había un claro enfoque en posturas socialistas, el Estado intervenía directa y claramente en la economía al centralizar, por ejemplo, el manejo de la banca y de los seguros. Ese modelo estaba definido en gran parte por la férrea oposición de los EE.UU. a nuestro proyecto.

Hoy se rescatan todos los principios del sandinismo de los ochenta pero desde una perspectiva totalmente distinta, porque se parte de lo que se encontró, el libre mercado y el respeto a la empresa privada. Aun así, conservamos el enfoque en lo social, que es lo que los gobiernos neoliberales han descuidado por su matriz de pensamiento y por los condicionamientos de los organismos financieros internacionales.

–¿En qué se basará la política social de este nuevo gobierno?

–Una redistribución de la riqueza cuando no la tenés es una redistribución de la miseria. Hoy como gobierno no tenemos una economía lo suficientemente fuerte como para hacer todo lo que queremos. La redistribución de la riqueza sí se podrá ver a través de los programas sociales de acceso gratuito a salud y educación, dirigidos claramente a los sectores populares, los trabajadores y los campesinos, y en la medida en que los sectores privados vayan tomando confianza en el gobierno. Porque no se trata de afectarlos de ninguna manera, ni de crearles situaciones como las confiscaciones ni de arrebatarle lo que ellos tienen, se trata de que con responsabilidad social inviertan y compartan.

–Desde el Ministerio de Trabajo, ¿cuál será la política que llevarán adelante?

–Antes el ministerio era pro-empleador. Nosotros hoy decimos que buscamos que la ley se aplique sin identificar como un adversario al empleador porque entendemos que es parte de la economía. Para que haya empleo tiene que haber inversiones y el Estado en su actual situación crítica no lo puede crear.

–¿Cómo piensa que afectará el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a los derechos de los trabajadores?

–El TLC está negociado y se va a respetar, pero creo que va a ser de bajo perfil. No veo la posibilidad de que vayan a venir masivamente las empresas norteamericanas; lo van a pensar. Lógicamente, el que quiera venir va a encontrar reglas en base a lo firmado, pero se va a encontrar también con que vamos a luchar por el respeto de nuestros trabajadores. Porque si bien el FSLN votó por la aprobación del tratado en la Asamblea, fue el que más preocupado estuvo para que en la negociación se garantizaran los derechos de los trabajadores. En este sentido es que el ALBA puede ser un contrapeso, una alternativa distinta. Allí hay un sentido de solidaridad más que de lucro.