Estados Unidos ha vuelto la mirada hacia Perú para buscar un lugar donde trasladar su actual base militar de Manta, en Ecuador, luego de la decisión del presidente Rafael Correa de no prorrogar el permiso para la cuestionada base, que Estados Unidos deberá abandonar en 2009. Según supo Página/12, Washington ya habría iniciado gestiones ante el Ministerio de Defensa del Perú para instalar una base militar en territorio peruano y el ministro de Defensa, Allan Wagner, se habría mostrado abierto ante esa posibilidad. Incluso los norteamericanos ya estarían evaluando diversos lugares en Perú como posibles sedes de una futura base militar en la región. El departamento de Piura, ubicado en la costa del Pacífico, a unos 1000 kilómetros al norte de Lima y cerca de la frontera con Ecuador, es el lugar que mayor interés habría despertado en el Pentágono para instalar su nueva base militar en la región.

Esta semana el ministro Allan Wagner viajó a Estados Unidos acompañado por el jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas peruanas, el almirante Jorge Montoya, para reunirse con el secretario de Defensa Robert Gates. El despacho de Wagner se limitó a informar que el viaje del ministro y del jefe de las fuerzas armadas tenía como objetivo “fortalecer la cooperación entre ambos países en el campo de la defensa”, sin dar mayores detalles. El titular de Defensa también se reunió con congresistas norteamericanas para solicitarles apoyo para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. El gobierno de Alan García está especialmente interesado en la aprobación del TLC y ha priorizado en su política exterior un acercamiento a Washington. Esta combinación de conversaciones para “mejorar la cooperación en defensa” y de gestiones paralelas a favor del TLC suscitan suspicacias sobre lo que se podría estar negociando a cambio de la ratificación del TLC.

El mismo día que Wagner y el jefe de las fuerzas armadas viajaban a Washington, el gobierno autorizó el ingreso a territorio peruano de militares de Estados Unidos para que realicen durante el mes de abril “actividades de entrenamiento” a las fuerzas de seguridad peruanas que combaten lo que el gobierno llama “narcoterrorismo”, un término usado para poner como un mismo objetivo el narcotráfico y los rezagos que quedan del grupo subversivo maoísta Sendero Luminoso. Hace una semana, mientras el gobierno mantenía una frágil tregua con los cocaleros luego de firmar un acta para detener las erradicaciones de la hoja de coca y de dar marcha atrás al poco tiempo por presiones de la embajada norteamericana, un grupo de militares de ese país llegó hasta la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, para reunirse con sus colegas peruanos. Huamanga es la ciudad más cercana a la zona de los valles de los ríos Apurímac y Ene, conocida como VRAE, una de las tres regiones del país donde se concentran los cultivos de coca y donde se mantienen concentradas las últimas fuerzas del debilitado Sendero Luminoso. Su presencia no fue difundida por los medios locales. En febrero último se llevaron a cabo, en Lima y en la base aérea de Chiclayo, a sólo 250 kilómetros de Piura, las maniobras Halcón-Cóndor. Esta fue la primera vez que las fuerzas aéreas de ambos países realizaron un ejercicio conjunto de combate, en el que participaron 150 militares norteamericanos con aviones caza F-16 y naves de Inteligencia y Comunicaciones Awacs.

Consultado por Página/12 sobre la posibilidad de la instalación de una base militar norteamericana en territorio peruano y los efectos que esto tendría, el experto en seguridad y narcotráfico Ricardo Soberón señaló: “Efectivamente, los norteamericanos están muy interesados en poner una base militar en el Perú. También tengo la información de que ya han hecho las consultas del caso. Si eso se llegara a concretar, sería muy peligroso para el Perú porque podría implicar el involucramiento en el conflicto armado de Colombia, ya que la información procedente de esta base serviría para realizar operaciones militares en Colombia. Implicaría una pérdida de soberanía del Perú y una inseguridad fronteriza para el país”.