En un duro golpe a la política antiterrorista del laborismo, nueve presuntos miembros de Al-Qaida arrestados en Gran Bretaña tras los atentados del 11 de setiembre ganaron una apelación contra su encarcelamiento sin juicio. La Comisión Especial de Apelación de Inmigraciones dictaminó que el arresto sin proceso legal de los nueve sospechosos era “no sólo discriminatorio e ilegal sino desproporcionado”. El gobierno británico anunció de inmediato que apelará el dictamen ante la Alta Corte de Justicia. Esto significa que los nueve sospechosos, que permanecen en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh en el sur de Londres, no ganarán la libertad por el momento.
El dictamen de la Comisión pone en entredicho la piedra angular de la política antiterrorista del Nuevo Laborismo de Tony Blair: la Ley de Seguridad y Lucha contra el Terrorismo. En los fundamentos del dictamen, la Comisión estipuló que la ley aprobada en diciembre pasado es “injusta” y “discriminatoria” porque autoriza la detención por tiempo indeterminado solamente de extranjeros. A los ciudadanos británicos acusados de pertenecer a organizaciones terroristas les garantiza un juicio en regla.
El gobierno de Tony Blair intentó presentar el dictamen bajo una luz favorable. En un comunicado, el Ministerio del Interior destacó que la Comisión justificó la necesidad de la ley al aceptar que “hay una emergencia pública” que amenaza a la nación. El comunicado puntualizó que la ley respeta rigurosamente los derechos humanos de los arrestados. “La ley estipula que el gobierno puede detener por tiempo indeterminado a extranjeros que no puede deportar porque podrían sufrir tratamiento degradante o muerte, pero los detenidos pueden abandonar el Reino Unido de manera voluntaria en cualquier momento”, puntualiza el comunicado.
La controvertida Ley de Seguridad y Lucha Antiterrorista fue aprobada en diciembre pasado en medio de la fuerte oposición de sectores internos del laborismo y del tercer partido británico, los liberal-demócratas. La ley suspende la vigencia del artículo cinco de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la detención por tiempo indeterminado sin cargo o juicio. Dos de los 11 detenidos desde su promulgación fueron deportados de manera voluntaria, uno de ellos a Francia, que lo aceptó sin considerarlo una amenaza a la seguridad de la nación.
La organización de derechos humanos Liberty, que patrocina el caso de los nueve detenidos, condenó la política laborista. “El gobierno sabe que no puede arrestar por tiempo indeterminado a ciudadanos británicos, pero sí lo hace con extranjeros. No hay ninguna situación de inminente peligro nacional que justifique la detención de sospechosos sin acusación y juicio”, indicó el director de Liberty, John Wadham. La organización también acusó al gobierno de tratamiento inhumano de los presos. Según Liberty, los nueve detenidos se encuentran en celdas individuales 22 horas por día y no tienen contacto con sus familiares o abogados. El Ministerio del Interior británico negó que hubiera una política deliberada para que los presos “se pudrieran en sus cárceles”.