El éxodo de la mayor parte de los lugareños de la localidad de Puerto Alvira –unos 1000 según el ejército– de un total de 4000, generó un pueblo fantasma y un vacío de poder local, acorde con la estrategia que persiguen los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No quedaba claro si este grupo obligó a evacuar a los pobladores, “llevándolos río abajo”, según dijeron las autoridades civiles y de socorro, que asumieron el episodio como una “toma masiva de rehenes”; o si, como informaron algunos miembros del ejército y policía, fue un desplazamiento masivo a raíz de los combates entre las FARC y sus archienemigos, los paramilitares de ultraderecha. Varias de las poblaciones del municipio de Mapiripán (sudeste del país), entre ellas Puerto Alvira, por lo general no cuentan con presencia de las fuerzas de seguridad.
Puerto Alvira, desamparado y fantasmal, fue el escenario de un desplazamiento en masa de sus pobladores, que se convirtieron en escudos humanos para cualquiera de las versiones del hecho. “Obedece a enfrentamientos entre grupos de autodefensas (paramilitares) y guerrilleros de las FARC por el control de los cultivos de coca en la región”, ayer afirmó el comandante de la Policía Nacional, general Luis Gilibert. Pero según el comandante de la séptima brigada militar, general Carlos Saavedra, fueron las FARC las que secuestraron a 1000 pobladores, acción acaecida el sábado en Puerto Alvira, en el departamento del Meta. Para Maribel Mahecha, alcaldesa del municipio de Mapiripán, al que pertenece Puerto Alvira, el hecho ocurrió hace aproximadamente cinco días y ella se enteró el pasado sábado, cuando dio aviso al Ejército, que llegó el lunes en la madrugada. Agregó que el hecho fue obra de la guerrilla de las FARC, que ha controlado históricamente esa zona del departamento de Meta. “Lo que sabemos es que ellos fueron quienes enviaron a la gente por delante y se la llevaron río abajo.”
Según Mahecha, la situación se volvió un drama, porque los campesinos se hallaban a la intemperie y desprovistos de alimentos, por lo que pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), hacerse presente en la zona cuanto antes para brindar la asistencia humanitaria del caso. La funcionaria comentó que el martes había visitado el centro urbano de Puerto Alvira en compañía de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la gubernamental Red de Solidaridad y las tropas oficiales, y enfatizó que “ellos también pudieron ver que el pueblo está totalmente desocupado”. A su vez, el defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, dijo que la retención de los labriegos constituye una “toma masiva de rehenes” que viola las normas humanitarias, por lo que exigió su inmediata liberación.
En ese sentido también se pronunció el director de la Red de Solidaridad, Fernando Medellín, al advertir que “en efecto, a Puerto Alvira llegó un comando de las FARC y obligó a la gente a desplazarse hacia el oriente” de la población. De acuerdo con Medellín, Puerto Alvira cuenta con 4000 habitantes. Fabio Granados, director de la Red de Solidaridad en el departamento de Guaviare, próximo a Meta, confirmó que sólo entre 10 y 15 habitantes de Puerto Alvira permanecen en sus viviendas, mientras que los restantes se hallan en las selvas y llanuras de la región.
Según fuentes castrenses, desde el martes los efectivos militares realizaban operaciones de registro y control en el área rural de Puerto Alvira, donde mataron a dos guerrilleros. Esa localidad está en medio de una región selvática en la que se llevó adelante una salvaje incursión de un comando paramilitar el 4 de mayo de 1998, en la que fueron asesinados 19 campesinos bajo acusaciones de que cooperaban con las FARC. Datos más recientes de la disputa entre guerrilleros y paramilitares se remontan a 1997, cuando un comando paramilitar irrumpió en el municipio de Mapiripán (Meta), torturó y mató a 49 campesinos. La región es considerada estratégica por ambos bandos ilegales para el tráfico de armas y drogas, además de ser un botín al que están muy interesados en controlar.