EL MUNDO
Colombia se parece cada vez más a la Argentina
Alvaro Uribe quiere terminar con un Congreso al que juzga desmesurado y clientelista, mientras el contagio de la crisis argentina golpea las calles y fuerza una masiva compra de dólares.
El próximo 7 de agosto, el electo presidente Alvaro Uribe asumirá el mando de Colombia y tendrá el gran desafío de sacar a su país del conflicto armado del que es escenario invariante, y poner en práctica el programa de gobierno por el que la gente le otorgó la victoria. Como primera medida, y para asegurar una centralización como reducción del Legislativo, Uribe reafirmó ayer que pretende revocar el Congreso, haciéndolo unicameral y para ello anticipar elecciones, lo que provocó la esperable reacción desfavorable de un bloque parlamentario que vio peligrar su puesto conseguido hace poco más de diez días. Otro desafío es la ciclotimia de la economía colombiana, a la que le estaría llegando el contagio sudamericano: ayer, con la colocación en el mercado de 180 millones de dólares adicionales y unos llamados a la calma, el emisor Banco de la República de Colombia intentó apaciguar el nerviosismo provocado por la acelerada devaluación del peso, un 15,2 por ciento en lo que va del año.
Uribe se reunió con un grupo de congresistas para anunciarles que buscará un acuerdo que permita convocar a comicios legislativos y que impulsará un referendo, antes de fin de año, para consultar a los colombianos si deciden apoyar la reducción del Congreso a una sola Cámara de 150 miembros, en lugar de dos cámaras con 268 legisladores. Tal anuncio desató reacciones encontradas en el Congreso, entre quienes coinciden con el presidente electo en que la propuesta es una estrategia contra la corrupción, y otros, incluso muchos legisladores afines durante su campaña electoral, que no esperaban una revocatoria antes del 2006, cuando termina el recién inaugurado período legislativo. El hombre “mano dura” con la insurrección prometió un gobierno austero y de lucha contra la corrupción; en esa línea ha sostenido que Colombia no puede continuar con un Congreso “que cuesta 600 mil millones de pesos (240 millones de dólares) cuando para vivienda social sólo hay 150 mil millones de pesos (60 millones de dólares)”.
Motivos en lo que concierne a lo económico no le faltan, si se atiende a los últimos registros: según el Banco Central, la cotización del dólar ayer cerró en 2640,5 pesos, con un incremento de 3 pesos (0,11%) con respecto al día anterior. El emisor subastó otros 180 millones de dólares adicionales a los vendidos en los tres primeros días de la semana, para tratar de calmar la volatilidad del mercado cambiario. De acuerdo con algunos analistas, en la acelerada devaluación del peso están influyendo factores que van desde la simple especulación hasta la toma de posesión de Uribe, pasando lógicamente por la crisis sudamericana.
Algunos parlamentarios que apoyaron a Uribe en su campaña ahora no conciben su decisión, en que los toca demasiado cerca. “Me parecería absurdo tratar de revocar o de reducir el período de un Congreso que se ganó legítimamente su mandato en las urnas. Al Congreso lo elegimos con 10 millones de votos, al presidente con 5 millones”, aseguró el senador Guillermo Chávez. Por su parte, Roberto Camacho, representante a la Cámara por el gobernante Partido Conservador, calificó como “una grandísima tontería” de Uribe “ponerse a dar esa pelea cuando el país tiene graves problemas económicos y de violencia”.
También hubo voces a favor, como la del ex líder del M19, el senador Antonio Navarro, quien señaló que “esto o se hace ahora o definitivamente este Congreso, que en un 80 por ciento fue elegido por mecanismos clientelistas, termina moliendo al presidente”. Para concretar su propuesta, Uribe, quien ganó las elecciones el pasado 26 de mayo con un abrumador respaldo electoral del 53 por ciento, tiene dos opciones: una, presentando directamente la iniciativa ante el Congreso para que acepte su propia revocatoria y convoque a elecciones, y otra llamando a un referéndum para que sean los ciudadanos los que definan y soliciten la reforma.