Por Julian Borger
Desde Washington

La parafernalia familiar del escándalo político se cierne sobre Washington. El último recuento indicaba que se llevarían a cabo dos investigaciones criminales y seis audiencias del Congreso sobre el escándalo Enron. En la Legislatura, reducida por la guerra contra el terrorismo al rol de una tribuna de hinchas de fútbol, todos quieren ser parte del tema. Ambos partidos saben en qué forma los rituales del escándalo pueden definir una presidencia. Reagan consiguió sacarse de encima la mayor parte del daño causado por el affair Iran-Contra, mientras que Clinton estuvo abrumado por la saga Monica Lewinsky y es improbable que un aeropuerto sea nombrado en su honor.
Ahora, es el turno de George Bush. Enron, una gigante empresa texana de servicios de energía y el mayor patrocinante individual de su carrera política, colapsó dramáticamente el mes pasado en medio de acusaciones de fraude y de operaciones de bolsa con información privilegiada. Las investigaciones harán las preguntas ya conocidas: ¿qué sabía la administración y cuando lo supo?; ¿hubo encubrimiento y el equipo de Bush ayudó? Estas son las cuestiones habituales en un escándalo de Washington, pero esta vez pueden resultar las preguntas equivocadas. Apuntan a saber si alguien en la administración rompió las reglas, cuando la totalidad del escándalo radica en que la experiencia de Enron desacredita las reglas del juego, al exponer la corrupción institucionalizada en el centro de la política de Estados Unidos: el trueque de dinero y poder que Bush ha convertido en su marca registrada.
El sórdido tema de la financiación de las campañas capturó brevemente la atención del electorado de EE.UU. en los primeros meses de la presidencia de Bush, cuando resultó evidente que los grandes contribuyentes de la campaña del presidente eran recompensados con un decreto presidencial por vez. Enron volverá a poner este dato en el centro de la escena. Los investigadores están examinando los contactos de Enron con la administración desde septiembre pasado –cuando la compañía estaba luchando por su vida–, y buscan señales de manejos ilegales en el mercado. En realidad, la gran retribución por el aporte de Enron a la campaña de Bush se había consumado meses atrás. Los ejecutivos de Enron tuvieron seis reuniones con el vicepresidente Dick Cheney y su equipo cuando estaban preparando el plan de energía de la administración a partir de abril, un hecho que ha salido a la luz después que colapsó la compañía. La Casa Blanca se ha negado a decirle al Congreso a qué otros magnates industriales consultó al preparar el plan, que es, a grandes trazos, el manifiesto de un contaminador ambiental.
Justamente así fue como Bush mezclaba los negocios y la política cuando era gobernador de Texas. Las compañías de petróleo y de gas que apoyaron su candidatura tuvieron vía libre, en reuniones secretas con los funcionarios de Bush, para escribir sus propias reglas cuando se trataba de política estatal sobre control de emisiones. No es sorprendente que eligieran un esquema voluntario con consecuencias tampoco sorprendentes para la calidad del aire en las ciudades de Texas. El gobernador Bush introdujo drásticas reformas legales, haciendo más difícil a los texanos comunes demandar a las empresas. Y designó a Pat Wood –propuesto por el presidente de Enron, Ken Lay–, como jefe de la Comisión de Servicios Públicos del Estado, desde donde rápidamente impulsó la desregulación que habían pedido las empresas energéticas. El año pasado, después que Lay fracasara en persuadir al jefe de la comisión federal reguladora de energía a que aceptara las opiniones de Enron, Bush puso a Wood a cargo del organismo.
Por supuesto, este constante trueque de efectivo por influencia es común en EE.UU. Algunos demócratas también recibieron de Enron cifras importantes, pero como partido responden a otros grupos de interés –comosindicatos y minorías– lo que limita el control político de las empresas. En el caso del presidente, en cambio, la influencia de las corporaciones parece hallarse en estado puro. Bush ha impulsado los mayores recortes impositivos en una generación, fuertemente orientados hacia el cinco por ciento más rico, y respaldó un paquete de estímulos económicos rebosante de excepciones y amnistías impositivas para las empresas. Esto fue comercializado con el viejo libreto del efecto goteo: las reducciones de impuestos para las empresas y los ricos crean empleos en los eslabones inferiores de la cadena económica. Bush describía sus políticas como anti recesionarias antes del 11 de setiembre, y como patrióticas después. El mensaje era familiar. Lo que es bueno para Enron (o ingrese aquí el nombre de su empresa para obtener un retorno de su correspondiente donación de campaña) es bueno para Estados Unidos.
La debacle de Enron es potencialmente muy peligrosa para Bush porque deja dolorosamente en claro que la antigua ecuación no se sostiene. Los ejecutivos de Enron se hicieron más ricos cuando su empresa estaba hundiéndose en el abismo, que se tragó a sus empleados con ella. El Partido Demócrata necesita tomar el affair Enron con ambas manos. Con las elecciones parlamentarias de la mitad del mandato por despegar, puede llegar a sacudir y sacar a la nación de su trance patriótico y revivir un debate sobre cómo se compra y se paga la política en Estados Unidos.

* De The Guardian de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère