En Uruguay entró ayer en vigor un nuevo sistema tributario en medio de aprobaciones y críticas, que a criterio del gobierno socialista de Tabaré Vázquez “simplificará el modelo, favorecerá la equidad y promoverá la inversión y el empleo”. Aprobada por el Congreso en diciembre pasado, la reforma baja el IVA e incorpora el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que paguen más impuestos los que más reciben.

El modelo reinstala el IRPF que estuvo vigente en el país entre 1961 y 1974 y grava los salarios por arriba de los 24.949 pesos (3564 pesos argentinos), las jubilaciones a partir de los 12.435 pesos (1776 pesos argentinos) y algunos ingresos financieros generados en Uruguay. También reduce la carga tributaria sobre el consumo al bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 23 al 22 por ciento en su tasa básica y de 14 a 10 por ciento la alícuota mínima, y elimina varios impuestos de escasa recaudación, entre otros cambios. Además, se eliminaron 15 impuestos, incluidos los que gravan a los activos de las empresas bancarias, los servicios de salud, las pequeñas empresas, las rentas agropecuarias y las tarjetas de crédito.

Rubén Tansini, economista y catedrático de la Universidad de La República, advierte a Página/12 que como reforma es el camino adecuado, pero señala consecuencias tanto positivas como negativas. En cuanto a las primeras, es favorable que se igualen los aportes patronales de todos los sectores. “Ahora los sectores agropecuario e industrial deben pagar el 7,5 por ciento –antes no pagaban nada de impuestos– y se le reduce el aporte al sector de comercio y servicios (pagaba más del 10 por ciento). Esto representa un apoyo a la competitividad. Y se equilibran las contribuciones patronales.”

El gobierno busca a través de incentivos favorecer la inversión. Por ejemplo, a través de una baja del impuesto a la renta empresarial del 30 al 25 por ciento. Tansini advierte a este diario un efecto negativo: “Es posible que se contraiga el ahorro al incentivarse la inversión”.

Aparte del IRPF, la reforma impone tributos a las rentas empresariales bajo el “principio de fuente territorial”, que significa gravar las rentas generadas en territorio uruguayo. En este sentido, un argentino dueño de una propiedad en Uruguay deberá pagar un 10,5 por ciento de lo que recibe del alquiler.

Se trata de una de las transformaciones más importantes que se propone concretar la administración frenteamplista de Tabaré Vázquez, que basó la difusión en base a la frase “pagará más quien tenga más”. La oposición –partidos Blanco y Colorado– cuestionó la reforma argumentando que castigará a la clase media y tiene como único objetivo incrementar la recaudación.

En la misma línea, varios sindicatos de trabajadores critican la reimplantación del IRPF, que se aplicará por tramos de ingreso con tasas de entre 10 y 25 por ciento, a partir de un mínimo no gravado equivalente a unos 340 dólares mensuales. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) declaró que la reforma está “basada en la filosofía que premia al capital financiero y castiga a los trabajadores”. Incluso algunos sindicatos –entre ellos la Asociación de Empleados del Gobierno del Departamento de Montevideo– anunciaron que impulsarán una “campaña” para procurar la anulación de la reforma.

Más allá de las críticas, ya se presentaron varios recursos ante la Suprema Corte de Justicia que exigen declarar inconstitucional la ley, al quejarse de que las jubilaciones y pensiones no son una renta y no pueden ser gravadas con impuestos.

Algunos analistas consideran que esta reforma tendrá consecuencias directas sobre la opinión de los uruguayos sobre la administración Vázquez, que se encuentra a mitad de gestión en un período de gobierno que culmina en marzo de 2010. En particular, señalan que perjudicará o beneficiará electoralmente a su artífice, Danilo Astori.