El paramilitarismo no es un problema del pasado, como insiste en afirmar el presidente Alvaro Uribe. La OEA advirtió ayer sobre la creciente influencia que están ganando los (¿nuevos?) paramilitares y los narcotraficantes en el interior del país. “Si se deja desarrollar estos grupos con la dinámica que tienen y las fuentes de ingreso que poseen serán una amenaza para el proceso”, sostuvo Sergio Caramagna, el delegado de la organización internacional en el proceso de desmovilización y desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar colombiano. Uribe intentó bajarle el tono al informe de la OEA y aseguró que las bandas que están ocupando el lugar que dejaron las AUC son simples delincuentes vinculados al narcotráfico y ex paramilitares. Las nuevas bandas ya se habrían extendido a lo largo de la mitad del país.

El discurso del presidente Uribe tuvo momentos de honestidad que sorprendieron. “Este gobierno ha acabado con la idea de que se necesitaban paramilitares para combatir la guerrilla. Los reincidentes son grupos dedicados al narcotráfico y el gobierno los combate”, aseguró, reconociendo la alianza y los intereses comunes que marcaron desde un comienzo la relación entre los paramilitares y el Estado colombiano. Esta connivencia había sido denunciada durante décadas y en los últimos meses se habían descubierto las alianzas entre el uribismo y las AUC.

Hasta aquí las concesiones de Uribe. El presidente colombiano se negó a aceptar que los grupos armados que se están extendiendo en el interior del país tengan relación con los paramilitares desmovilizados. El problema que tiene el mandatario es que, si reconoce que existe una relación, está reconociendo también que el proceso de desmovilización –uno de sus grandes éxitos políticos– está en camino a fracasar. “Si no se hace nada, en cuatro o cinco años estaremos igual que antes. O aun peor porque estas bandas narco-paramilitares son más peligrosas porque no tienen una relación directa con el Estado como sucedía con las AUC”, explicó a este diario el politólogo colombiano Fernando Giraldo.

Régulo Madero, integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, también advirtió sobre el peligro de un nuevo período de inacción estatal. “Aún no nos encontramos frente a una amenaza inminente, pero estos grupos ya demuestran una intención de convertirse en estructuras nacionales”, le dijo a Página/12. Según una investigación del diario colombiano El Tiempo, las nuevas bandas ya se habrían extendido a 19 departamentos o, en otras palabras, a la mitad del país. No mantienen un control total como tenían las AUC, sin embargo, se han hecho fuertes en las zonas de cultivo de drogas y en las rutas de tráfico, especialmente en las zonas fronterizas por donde entra y sale la cocaína.

Para Giraldo, la presencia de elementos paramilitares en estas nuevas bandas no sólo confirma el rearme de muchos de los desmovilizados, sino que además demuestra que hay un vínculo entre los paras y el narcotráfico. Los líderes de las AUC consiguieron penas leves y se salvaron de la extradición so pretexto de que sus crímenes –de lesa humanidad– eran delitos políticos. Como suelen decir los familiares de las víctimas de las masacres paramilitares, en Colombia es peor ser narco que asesino.