Por David Teather
Desde Nueva York

La Norteamérica de las corporaciones enfrenta su día de rendición de cuentas. Para las 5 de la tarde en Washington DC, los presidentes y los oficiales financieros en jefe de casi 700 de las más grandes compañías de la nación van a haber sido forzados a responder personalmente por las cuentas de sus compañías en los últimos seis trimestres. El requerimiento de la Comisión de Valores ha sido considerado por muchos como algo mayormente simbólico. Pero es un símbolo potente, y que dejará poco espacio para excusas como la ofrecida a un comité del Congreso la semana pasada por Bernie Ebbers, el ex presidente de WorldCom, que no tenía demasiada idea de lo que estaba ocurriendo en su compañía.
Se ha sugerido que al menos 10 de las compañías que tienen que entregar sus balances para el cierre del día de negocios se verán forzadas a enmendar sus cifras. Algunas técnicas “agresivas” de contabilidad con que los empresarios estaban satisfechos en el pasado ahora parecen menos aceptables. En la mañana de ayer en Washington, 249 de las 695 compañías habían enviado sus resultados. Otras 245 firmas deberán presentar sus resultados a partir de setiembre, dependiendo de cuándo deban entregar los resultados del segundo trimestre. “Va a haber beneficios enormes porque los inversores van a ver quién confía en sus números y quién no –dice John Naster, portavoz de la SEC–. Un montón de compañías decentes han sido perjudicadas por los escándalos de unos pocos empresarios canallas. Esta será la oportunidad para que los buenos ciudadanos empresarios se distancien de los otros.”
Legisladores y reguladores estadounidenses esperan que el 14 de agosto se convierta en un hito el esfuerzo de restaurar la confianza en la Norteamérica empresaria y en Wall Street. Alrededor del 90 por ciento de las pensiones y fondos mutuales invertidos en acciones están en las 945 compañías a las que se ha pedido certificar sus cuentas. El mensaje es claro. El gobierno quiere poner un límite a la explosión de malversaciones financieras. “Hay una luz blanca caliente en las cosas que hemos estado leyendo en las páginas de negocios –dijo ayer Don Evans, el secretario de Comercio de Estados Unidos–. Se están creando las condiciones para que no tengamos el tipo de abusos que hemos tenido en el pasado.”
Los esfuerzos por domar al Lejano Oeste en que Wall Street aparentemente se convirtió durante la última parte de los ‘90 claramente se están acelerando. El presidente Bush, en Waco, Texas, para un foro económico, empleó el tipo de lenguaje normalmente reservado para la “guerra contra el terrorismo” para atacar a los estafadores empresarios en una serie de discursos. Las últimas semanas también han visto el arresto de alto perfil y cuidadosamente orquestado de acusados de fraude empresario. Dos ex ejecutivos de WorldCom, David Myers y Scott Sullivan, fueron desfilados esposados delante de los medios masivos en una escena que ya se ha vuelto usual en Wall Street, ofreciéndolos inequívocamente como un ejemplo para los otros ejecutivos tentados de cruzar la línea.
Con las elecciones legislativas de noviembre y la popularidad de Bush mellada por los escándalos corporativos, la Casa Blanca está ansiosa de mostrar que tiene la crisis controlada con mano firme. El intento de restaurar la confianza también ha producido la ley de reforma empresaria, aprobada con una rapidez sin precedentes. Sus principales provisiones incluyen grandes aumentos en el tiempo de prisión para los criminales de cuello blanco, una junta de vigilancia contable y restricciones en los préstamos a ejecutivos.
La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq también han propuesto nuevos requerimientos enfocados en la gobernación de las empresas; incluyen requerir que los accionistas voten en las opciones de acciones. Las empresas individuales también han actuado, anunciando voluntariamente que comenzarán a incluir opciones de acciones en susbalances, entre ellas, Amazon.com, JP Morgan Chase, Coca-Cola y, ayer, Goldman Sachs. Grupos como General Electric, a menudo criticados por la opacidad de sus balances, han hecho algunos esfuerzos hacia la transparencia. Los bancos inversores están adoptando nuevas reglas para asegurar la independencia de sus analistas de investigación después de las incómodas revelaciones sobre los conflictos de intereses en Merrill Lynch.
¿Será el 14 de agosto el momento de definición que los funcionarios de Estados Unidos esperan? En el mejor de los casos, los inversores parecen indecisos. En el peor, creen que los problemas que causaron los recientes escándalos siguen sin resolverse. Richard Bernstein, jefe estratega de Estados Unidos en Merrill Lynch, dijo de la fecha límite de hoy: “Esto es un no evento. Los obstáculos son muy bajos. La mayoría de las empresas no tendrá ningún problema en firmar”. Añadió: “Hay dos temas: la contabilidad, a la que todo el mundo ha estado prestando atención con WorldCom, etc. Y luego está la información. Estas empresas pueden conseguir una firma limpia de auditores y luego informar sobre ganancias pro forma, que no son auditadas, y distorsionar lo que quieran distorsionar. Lo que la Comisión de Valores debería haber hecho es decir que todos los tratos con las empresas públicas deben estar en acuerdo con el programa general de contabilidad. Este es un tema mucho más grande que la fecha final del 14 de agosto”.
Ron Blackwell, de la AFL-CIO, el principal sindicato norteamericano, duda que los malos tiempos hayan terminado para Wall Street. “No se ven los esqueletos en la playa hasta que baja la marea –dice–. Estos cambios son todos significativos. Pero no tratan realmente con los problemas de raíz de la compensación ejecutiva y las opciones de acciones –añade–. Hay un silencio ensordecedor sobre esos temas. Nuestros líderes empresarios están ocultos en la espesura, y ésas son las personas que se llevaron miles de millones de dólares. Es obsceno.”
También hay algunas dudas sobre la credibilidad de la administración Bush. El vicepresidente Dick Cheney es muy vulnerable: su ex empresa, el grupo Halliburton de servicios energéticos, está siendo investigada por la Comisión de Valores. Pero la administración está llena de ex empresarios, incluyendo a Bush mismo, que fue investigado hace una década mientras estaba en Harken Energy. Jay Lorsch, profesor de la Harvard Business School, dice que las medidas tomadas hasta ahora han sido positivas. Las cuentas certificadas quizás harán que los ejecutivos sean más cuidadosos, añadió. Pero es escéptico en cuanto a que se haya hecho lo suficiente. “Todos éstos han sido pasos en la dirección adecuada, pero mañana no nos despertaremos con la confianza restaurada. Este será un largo arrastre. La mejor medicina será una período de meses o años sin que surja un nuevo escándalo.”
La Comisión de Valores está jugando un juego de alto riesgo. Si 10 empresas enmiendan sus anteriores declaraciones de ganancias, podrían causar más estragos en los mercados. El contraargumento es que por lo menos todos los problemas están en la arena pública. La Comisión de Valores tendrá el poder de buscar el acatamiento a través de juzgados o de imponer penas a empresas que no sometan sus cuentas hoy. Bajo la ley de reforma corporativa, la certificación falsa puede llevar a multas de cinco millones de dólares y 20 años de prisión para los ejecutivos.
Pero cualquier multa será pálida comparada con el castigo que darán los mercados. Un analista, que declinó ser nombrado, dijo que los ejecutivos tendrán más miedo a los inversores que a los reguladores. “Si uno toma una empresa de mil millones de dólares y sus acciones bajan un 10 por ciento porque no llegaron a certificar las contabilidades, estarán perdiendo más dinero que la multa impuesta por cualquier regulador.”