El sistema bancario y financiero uruguayo está en un estado gravísimo, siguiendo la ruta de Argentina, pero tomando caminos bien distintos, y hasta insólitos desde este lado del Río de la Plata. Ante la decisión del Banco Central uruguayo de devolver, a partir de ayer, los depósitos a la vista de los cuatro bancos que están suspendidos, el sindicato de empleados bancarios (AEBU) resolvió, con el acuerdo de un grupo de ahorristas, limitar los retiros a 10.000 dólares, ya que, argumenta, si se devolviera todo el dinero cerrarían los bancos y habría 2400 personas en la calle.
La actividad económica está casi paralizada por la suspensión de estos bancos, las reservas del Banco Central siguen cayendo (se perdió un 4,88 por ciento al término del lunes, quedando 584 millones de dólares), y el dólar subiendo (un 1,81 por ciento ayer, cerrando a 28 pesos), mientras los índices de retracción comercial trepan en algunos rubros hasta el 50 por ciento, según la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS). La decisión del “corralito” consensuado sube aún más la puja entre el gobierno, los bancos, sus empleados y sus ahorristas. El presidente del Banco Central, Julio de Brun, le tiró la pelota a los propios bancos: “Si los empleados no cumplen con lo dispuesto, que es el pago de hasta 50.000 dólares o 1,25 millón de pesos uruguayos, deberán responder las instituciones. Las sanciones o medidas que correspondan las vamos a evaluar, pero vamos a esperar a ver qué pasa”. De los cuatro bancos privados que están suspendidos (el Montevideo, la Caja Obrera, el Crédito y el Comercial, el mayor banco privado de Uruguay) aún no hay una posición tomada. La Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU) sostiene que el dinero de los depósitos ya no está en los bancos y que si el gobierno decide devolverlos (con los fondos frescos del crédito del FMI) a cuenta de éstos, en la práctica están vaciando las instituciones. El líder de AEBU, Eduardo Fernández, dijo que “muchos ahorristas están de acuerdo con la medida. La situación es demasiado difícil para determinar cuestiones de legalidad”. Carlos Fraschini, representante de un grupo de depositantes en el Banco Comercial, explicó que “la voluntad de los ahorristas es reprogramar el saldo a un plazo de un año, con alguna tasa preferencial”.