París comentó con escuetas palabras la decisión del juez norteamericano William Turnoff de autorizar la extradición a Francia del general Manuel Antonio Noriega. La postura del juez fue tanto menos sorprendente cuanto que sigue la lógica de la línea trazada la semana pasada por otro juez de Florida, William Hoeveler, quien rechazó el argumento de los abogados de Noriega que se oponían a la extradición por considerar que éste era un prisionero de guerra y que ese estatuto implicaba que el general fuera repatriado a su país. El operativo extradición parece estar preparado desde hace rato. La Cancillería francesa dijo apenas “tomar nota” de la decisión del juez, pero el abogado francés de Noriega, Olivier Metzner, aclaró que su cliente presentaría un recurso contra la medida. “Las posibilidades de recurso en los Estados Unidos serán utilizadas. Si tuviera que venir a Francia vamos a hacer todo lo necesario para poner término a este procedimiento”, dijo Metzner. El abogado agregó que el examen del recurso podría demorar varios meses y que, en esa eventualidad, Noriega permanecería en la cárcel durante todo el tiempo que dure el trámite.

Capturado en Panamá en 1990 luego de la invasión norteamericana de Panamá, condenado en Florida a 40 años de cárcel y luego a 30, Noriega sale tras 17 años a raíz de una reducción de sentencia que se le aplicó por buena conducta. El general se encuentra hoy con dos solicitudes de extradición. La francesa y la panameña. Su país lo reclama para que purgue dos penas: una de 15 años de cárcel por el asesinato de Hugo Spadagora, un médico, periodista y opositor, y otra de 20 años por el asesinato de otro adversario. A su vez, Noriega fue condenado en Francia a 10 años de cárcel por lavado de dinero producto del narcotráfico. En la sentencia pronunciada en 1999 el Tribunal correccional de París emitió un mandato de arresto internacional contra Noriega y su mujer, Felicidad, al tiempo que confiscó los bienes de la pareja y los obligó a pagar una multa de 41 millones de dólares. La Justicia francesa, que abrió el caso de Noriega y de su clan en 1989, encontró casi cuatro millones de dólares en las cuentas abiertas por el clan Noriega en los bancos CIC, BNP, Crédit Lyonnais y Banco do Brasil, todos con sede en París. Ese monto es mínimo al lado de las sumas que circularon por esas cuentas entre 1982 y 1989 así como del costo de los múltiples departamentos que Noriega poseía en País. Durante su residencia en Francia, la familia no se privaba de nada. La Justicia pudo determinar que, en un solo día, Felicidad gastó 100 mil dólares en joyas. En un ya célebre libro del escritor norteamericano Larry Collins, Las águilas negras, el autor narra las tribulaciones de un mafioso de villa miseria que llegó a ser presidente y agente doble. Según Collins, el gobierno francés “le hizo la corte, contribuyó de manera sustancial a financiar su campaña. En algún momento pensó en utilizar los certificados de verificación de Noriega para cubrir la venta secreta de armas a Irak”.

Los servicios que Noriega ofreció a Francia en su momento no deben ser ajenos a la Legión de Honor con que París lo distinguió. Un personaje tan útil bien merece la Legión de Honor y otros tantos favores. Si llega a Francia, Noriega podrá impresionar a sus codetenidos luciendo el premio de sus años de buena conducta. Su extradición tampoco es ajena a intereses tripartitos. Ocurre que la historia de Noriega está llena de imprevistos. Por ejemplo, los dos abogados panameños que defienden hoy a Noriega, Rolando Rodríguez y Julio Berríos, estaban hace unos años del otro lado de la Justicia. Ambos eran fiscales del tribunal que condenó a Noriega en Panamá. Los partidarios del retorno de Noriega a Panamá denuncian un “acuerdo” franco-norteamericano para que Noriega no regrese a su país a fin de evitar que se enturbie aún más una situación ya delicada. Otros evocan los 5 mil millones de dólares que están en juego en la ampliación del Canal de Panamá. Muchas empresas francesas están implicadas en esos contratos y el retorno del general, al parecer, no favorece los negocios a la sombra de las polémicas. Martín Torrijos, el presidente de Panamá, afirma: “La extradición de Noriega no es un caso político sino jurídico. Noriega debe purgar su pena en Panamá”.

La incierta balanza de la Justicia seguirá oscilando por unos días entre el honor de la Justicia y la fluidez de los negocios. Si Washington lo termina enviando a Francia, Noriega tiene derecho a solicitar un nuevo juicio, ya que los abogados del general presentaron recursos contra su primera condena francesa. Olivier Metzner ya anunció la estrategia de defensa de cara al futuro: el abogado del general va a recordar que los hechos que atañen a su cliente ya han prescrito y que, además, en el momento de los hechos Noriega gozaba de la inmunidad acordada a los jefes de Estado en ejercicio. Lo cierto es que la investigación llevada a cabo por Francia en torno de Noriega pudo identificar con bastante precisión el origen de los fondos que transitaban por las cuentas del llamado clan Noriega. Los magistrados franceses utilizaron el trabajo del servicio norteamericano de lucha contra las drogas, Drug Enforcement Administration (DEA), en especial el capítulo que analiza los circuitos financieros.

También contaron con las audiencias de antiguos miembros del cartel de Medellín y con la confesión de un integrante de uno de los bancos, el BCCI, implicado en el tráfico. El dinero era primero depositado en una cuenta panameña del BCCI y luego transitaba por Londres y París, de donde volvía a salir hacia Luxemburgo, Suiza y Austria. Noriega puso en tela de juicio el testimonio aportado por ex integrantes del cartel de Medellín y las afirmaciones del banquero del BCCI. En caso de un nuevo juicio francés contra Noriega, el abogado Olivier Metzner piensa presentar documentos provenientes de la CIA y de la DEA en los cuales los dos organismos norteamericanos elogian el papel que desempeñó Noriega en la lucha contra el narcotráfico. A su vez, el abogado insiste en decir que el dinero que circuló por los bancos correspondía a las remuneraciones que la CIA le pagó a Noriega y también a la venta de sus bienes personales.