La Corte Suprema confirmó ayer en Chile la primera cadena perpetua a un jefe máximo de los servicios represivos del fallecido dictador Augusto Pinochet. El ex militar Hugo Salas Wenzel recibió la pena por asesinar a 12 militantes de izquierda en 1987 durante la última dictadura chilena cuando él dirigía la policía secreta. Junto a Salas fueron condenados otros 14 agentes por la matanza que Pinochet planificó en venganza a un atentado que sufrió en 1986. Sin embargo, sólo cinco de los 15 sentenciados deberán cumplir su condena en prisión.

“Lo principal es que aquí se cumplieron los tres principios que debe perseguir toda justicia: que se conozca la verdad de lo ocurrido, que se dicten penas y que haya reparación civil del daño causado”, dijo el abogado querellante Nelson Caucoto en referencia a la reparación monetaria de 300 millones de pesos que el fisco deberá pagar a cada una de las familias de los 12 militantes asesinados.

Tras varias semanas de deliberaciones, Salas, ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la temida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), se convirtió en el primer general de la represión en recibir cadena perpetua por violación de derechos humanos.

El máximo tribunal chileno encontró a Salas responsable de la llamada matanza de Corpus Christi u “Operación Albania”, en la que murieron 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el 15 y 16 de junio de 1987, cuando se conmemoraba un feriado religioso. La Central continuadora de las tareas de la DINA (ésta operó en los primeros años de la dictadura), asesinó en distintos puntos de Santiago a los jóvenes de izquierda que combatían el gobierno militar. Planificada durante casi un año, la operación fue la venganza de Pinochet y la CNI contra el FPMR por el atentado al patriarca militar cometido el 6 de septiembre de 1986 en el que fallecieron cinco de sus guardias personales, informó la prensa local.

Los agentes de Corbalán Castilla, responsable del operativo, habrían seguido durante meses a los frentistas, mientras que Pinochet era informado en forma permanente de los resultados, al punto de conocer los detalles en las horas previas a la masacre, como lo comprueba la investigación judicial.

Luego de la masacre, el régimen la justificó señalando que se trató de “enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”, pero la investigación judicial determinó que fueron ejecuciones a mansalva cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso, informó el diario chileno La Nación.

Hasta ahora Salas se encontraba bajo libertad condicional, pero después de ser notificado de la condena deberá cumplir el presidio perpetuo en el penal especial para militares de Punta Peuco. La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones siguió de cerca los pasos del represor en los últimos días para garantizar que no intente fugarse como lo hizo Raúl Iturriaga, un colega suyo de la DINA.

La inédita condena de Salas se produce días después de que el ex presidente, Patricio Aylwin, del Partido Democracia Cristiana dijera al diario El Mercurio que “no es posible saber más” acerca de los detenidos desaparecidos, en momentos que el gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet evalúa reabrir comisiones para incorporar nuevas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El último gobierno de facto se instaló por la fuerza entre 1973 y 1990 dejando un saldo de más de 3000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Pinochet fue procesado, pero no alcanzó a recibir una condena antes de morir en diciembre pasado.