Desde Medellín

Al dolor y la angustia por la espera de los cuerpos de los diputados colombianos secuestrados por las FARC y muertos el 18 de junio último, se sumó la desesperanza por otra promesa incumplida. No fueron entregados los cadáveres, contrariamente a lo que anunció el jueves pasado el presidente Uribe. El primer mandatario había dicho –para sorpresa de los familiares, quienes esperaban información tan solo de la Cruz Roja por asuntos de seguridad– que en el municipio de Corinto (sudoeste del país) y en la tarde del sábado la guerrilla devolvería a sus familiares los cuerpos sin vida de los parlamentarios asesinados en extrañas circunstancias. No fue así. Las razones: no estaban dadas las condiciones, según dijo la Cruz Roja a familiares de los ex asambleístas. Diego Quintero, hermano de uno de ellos, aseguró a medios de comunicación nacionales que lo llamaron para informarle que la entrega se realizará la semana próxima. “La seguridad en el sitio no era la esperada”, manifestó Quintero.

Las viudas, hijos y familiares de los políticos asesinados recibieron la noticia mientras estaba reunidos en la ciudad de Cali con el médico forense Carlos Eduardo Valdez, de la Procuraduría General, quien será el enlace entre ellos y el Comité Internacional de la Cruz Roja a la hora de recibir los cuerpos y llevarlos al Instituto de Medicina Legal. Allí serán dos los familiares, según acordaron, los que identifiquen cada cuerpo. Luego procederán a enterrarlos y sin cremarlos, pues se les ha prohibido a fin de buscar, más adelante y si son necesarias, evidencias para investigaciones. Y el sepelio se hará individual, decidieron las familias. Cuando por fin sean entregados los cuerpos, serán llevados a municipalidades cercanas a Cali, la capital del Valle del Cauca, como Cartago, Palmira y Tulúa. En esas tierras de altas temperaturas, mujeres bronceadas y niños descalzos fue donde nacieron e hicieron su carrera política los parlamentarios muertos. También en Cali, una de las ciudades protagonistas del narcotráfico en Colombia junto a Medellín, por los famosos carteles de la coca, estos hombres levantaron sus voces y votos para llegar a ser diputados a la Asamblea del Valle, donde en plena sesión y debate fueron retenidos por guerrilleros disfrazados de policías y llevados a un bus donde se los vio por última vez personalmente.

En adelante, las pruebas de supervivencia llegaron, pero fueron escasas. La última llegó en septiembre de 2006. Era un video con testimonios de los asambleístas secuestrados, entre ellos Sigfrido López, el único sobreviviente hoy de la masacre, quien todavía se encuentra en poder de las FARC. Entonces y hasta el 28 de junio los familiares mantenían la esperanza de ver a los diputados regresar a la libertad y con vida. Pero ninguna de las dos cosas se han dado hasta ahora. Los hombres murieron, según un comunicado del Comando Conjunto de Occidente de las FARC, “en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”.

El gobierno de Uribe insiste en señalar que los guerrilleros masacraron a los diputados y se apoyan en la versión de un desmovilizado de ese grupo insurgente. También negó que con el grupo de parlamentarios fuera a ser devuelto el de “un mercenario”, como se comentó a final de la semana. Se trata de un “montaje”, dijo el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Por ahora, en Colombia y países amigos en la gestión por la paz (Venezuela, Francia, España, Suiza y otros) siguen esperando que los diputados regresen. Fabiola Perdomo, vocera de los familiares, dijo a los medios: “Nos ha tocado vivir cinco años de secuestro; hemos tenido que soportar la noticia de su muerte; ahora esperamos que esto no se dilate más”.