El gobierno de Jorge Batlle se comprometió con el FMI a liquidar los bancos que no puedan cubrir sus depósitos, según reveló ayer su ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, sobre la carta de intención que se firmó para obtener la suma de 3.900 millones de dólares que recibirá hasta fines de 2003. El Banco Central ya adelantó que la idea sería de unificar los bancos liquidados en uno. El organismo crediticio internacional exigió incluir además la necesidad de reformas en el estatal Banco República, en el sistema jubilatorio para bancarios y militares y en el sistema tributario, como la apertura al capital privado de los sectores de telecomunicaciones y combustibles. En este constreñido marco el paro que efectuó el sindicato único de bancarios de Uruguay (AEBU) interrumpió dos horas la actividad bancaria en reclamo de la reapertura de los cuatro bancos suspendidos y en defensa de 2500 empleos.
En el compromiso con el organismo internacional, con fecha del 4 de agosto, se establece que “los bancos privados insolventes no recapitalizados por los accionistas serán cerrados el 5 de agosto y sus procesos de liquidación comenzarán, incluyendo el Banco Montevideo Caja Obrera, el Banco Comercial y el Banco de Crédito”. En concreto, esos bancos continúan suspendidos hasta la fecha, y el Banco Central los unificaría en una única entidad. El ministro Atchugarry informó sobre el panorama harto desalentador de la economía para este año: se prevén una inflación del 40 por ciento, una caída del PBI del 11 por ciento y un déficit fiscal del 3,5 por ciento del producto, lo que preanuncia la prolongación de la recesión hasta fines del 2003.
La carta se firmó para obtener fondos suficientes con los que enfrentar la crisis financiera que atraviesa el país vecino, que le ha costado la pérdida del 45 por ciento de sus depósitos bancarios y de más del 80 por ciento de sus activos de reserva en este primer semestre. El FMI exigió además reformas al estatal Banco República, al sistema jubilatorio para bancarios y militares, y al sistema tributario, así como la apertura a la competencia en los sectores de las telecomunicaciones y de combustibles. En simultáneo, el Banco Central del Uruguay (BCU) planteó mayores exigencias para autorizar la reapertura de bancos privados suspendidos, lo que complicó las negociaciones que se habían iniciado, y que deberían finalizar esta semana.