Unos 18 mil campesinos hicieron largas colas, muchos de ellos después de caminar cinco o seis horas desde sus parcelas, para votar en un referéndum regional, no reconocido por el gobierno, sobre la presencia en sus tierras de la empresa minera Majaz, de capitales chinos, que pretende explotar a cielo abierto un yacimiento de cobre cercano a las cuatro millones de toneladas, que a precios actuales tienen un valor de unos 29 mil millones de dólares. El rechazo a la mina fue abrumador: más del 90 por ciento votó por el No a la explotación minera. Los campesinos han expresado su preocupación por los efectos de la contaminación de la actividad minera sobre las aguas y los cultivos y han denunciado abusos de la minera durante la etapa de exploración, que se inició en el año 2003. El referéndum fue organizado por las municipalidades de los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, ubicados en una zona agrícola y de una rica biodiversidad de la región Piura, a unos 1000 kilómetros al norte de Lima y muy cerca de la frontera con Ecuador.

La elección se realizó en forma pacífica, desafiando las amenazas del gobierno, que la declaró ilegal y anunció hechos de violencia para el día de la votación. El presidente Alan García se la jugó a favor de la empresa y desató una escalada verbal de ataques en contra de los promotores de esta consulta popular, llamándolos desde “agitadores comunistas enemigos de la inversión privada” hasta “defensores de intereses extranjeros que quieren evitar el crecimiento del Perú”. García habló de una conspiración contra la minería y acusó a las ONG que trabajan en la zona y a la Iglesia Católica de “manipular” a los campesinos en contra de la empresa. El gobierno reaccionó al contundente rechazo popular a la explotación minera en esa zona del país recordando que la votación no era vinculante y que no estaba obligado a cumplir la decisión de los campesinos. “Es verdad que legalmente esta elección no es vinculante, pero ha servido para que se conozca la opinión de la población y esa opinión debe ser escuchada y tomada en cuenta. Los campesinos tienen el derecho de decidir si quieren un modelo de desarrollo basado en la minería o uno basado en la agricultura”, le señaló a Página/12 Javier Jhancke, de la ONG Fe de Paz y coordinador general de la Mesa Técnica que apoya a los campesinos.

Grupos ambientalistas han denunciado que la explotación minera que pretende realizar Majaz afectará gravemente el ecosistema de una región rica en biodiversidad. El gobierno rechaza los informes internacionales y asegura que hay que esperar el estudio oficial de impacto ambiental, pero estos informes hechos por el gobierno siempre resultan favorables a las empresas mineras y están desacreditados. “Algo más de 100 mil personas que ahora viven de la agricultura se verían afectadas con la contaminación que produciría Majaz, que afectaría el agua de varios ríos y la biodiversidad que hay en la zona, donde se produce café y banano orgánicos, entre otras cosas, que han comenzado a ser exportados”, asegura Jhancke. Además de los problemas de contaminación y los cargos de abusos contra la población, Majaz está acusada de operar ilegalmente desde hace cuatro años, al no contar con el permiso de los dos tercios de las comunidades campesinas que hay en el lugar, como exige la ley. Majaz, que pretende invertir 1400 millones de dólares en la mina, intentó obtener ese permiso ofreciendo obras y ayuda por un monto de 80 millones de dólares, que las comunidades campesinas rechazaron.

Con los resultados de la elección en la mano, los alcaldes de los tres distritos que organizaron el referéndum y los dirigentes campesinos del Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte exigieron que el gobierno abra las puertas del diálogo para solucionar el conflicto que tienen con la minera. Sin dejar de lado sus duros ataques contra los organizadores de la votación y su respaldo a la empresa minera, el primer ministro, Jorge Del Castillo, dijo estar dispuesto al diálogo. Andrew Bristol, gerente de operaciones de la minera Majaz, que siempre ha sido renuente al diálogo con la población de la zona, esta vez aseguró que la empresa espera que el gobierno los convoque para concurrir a un diálogo. Pero el gobierno y la empresa no parecen dispuestos a aceptar los resultados de esta votación y abandonar el proyecto minero, detrás del cual hay mucho dinero, y quieren iniciar el diálogo partiendo del principio de que la explotación minera debe seguir adelante. Lo que ambos esperan de ese diálogo es convencer a los campesinos para que cambien de opinión, pero éstos están firmes en su rechazo a la mina y quieren el diálogo para hacer respetar su derecho de decidir sobre el futuro de sus tierras. Decisión que el último domingo se expresó claramente en contra de la explotación minera y a favor de la agricultura, en un referéndum que ha asustado como la peste a las transnacionales de la minería y al gobierno, que temen se convierta en un ejemplo para otras zonas del país, donde se repiten los conflictos entra las empresas mineras y los campesinos, que son dueños de la tierra de donde salen los minerales pero no reciben los beneficios de esa riqueza y ven afectados sus cultivos y su salud por la contaminación que produce la explotación minera.