Por Rosa Townsend *
Desde Miami

Tratan de comerse sus heces porque no tienen otra cosa mejor para suicidarse. Otros se dan cabezazos contra las cuatro paredes de la celda. Tres casi lograron ahorcarse con una pequeña toalla y un cuarto intentó sin éxito cortarse las venas con un cubierto de plástico. Decenas más amenazan continuamente con quitarse la vida si no les dicen qué va a ser de ellos en el futuro y cuándo llega ese futuro, tan incierto ahora para los 598 presos de Guantánamo. Las muestras de desesperación son tan humanas como inhumano es el limbo legal en el que se encuentran, en opinión de fuentes consultadas por este diario que califican la operación de Guantánamo como “un experimento” del Pentágono. Entre los detenidos están Abu Zubayda, lugarteniente de Osama bin Laden, y el ex embajador talibán en Pakistán, Adul Salam Zaif.
Ni la Cruz Roja ni Human Rights Watch dicen que los militares de EE.UU. los traten mal. Físicamente. Los detenidos en la guerra contra el terrorismo en Afganistán comen bien todos los días, rezan cinco veces de cara a La Meca, se pueden duchar, escribir a sus familias y tienen buena atención médica. Pero el régimen de presiones psicológicas a las que los tienen indirectamente sometidos puede acabar con el más cuerdo: no están acusados de ningún delito, pero están detenidos indefinidamente; la CIA, la DIA (agencia militar de espionaje) y el FBI los interrogan continuamente; no tienen acceso a un abogado ni sus familias pueden visitarlos, y están incomunicados en las celdas del nuevo Campo Delta, a diferencia de cuando estaban en las jaulas del Campo Rayos X, donde podían hablar con los vecinos. En suma, no tienen ningún indicio que les pueda hacer pensar que el túnel en el que viven tenga salida.
Guantánamo es, a efectos legales, tierra de nadie. Los derechos constitucionales estadounidenses no alcanzan a ese pedazo de Cuba, que Washington alquiló en 1934 con carácter de perpetuidad por 4085 dólares anuales. La base naval norteamericana es, por tanto, el lugar ideal para lo que las fuentes consultadas describen como “laboratorio de experimentos”. EE.UU. ensaya no sólo nuevas fórmulas legales para tiempos de guerra sino que además está metódicamente diseccionando la psiquis de un terrorista, lo que les hace cruzar la frontera entre la religión de Mahoma y la Jihad (guerra santa) contra el mayor imperio de Occidente.
Según las mismas fuentes, Guantánamo puede ser asimismo un centro de estudio de las distintas lenguas del mundo musulmán (hay detenidos de 34 países). Lo que allí aprendan pasará a formar parte de un proyecto lingüístico basado en un megatraductor simultáneo al inglés de todas esas lenguas, que sería aplicable después a las escuchas telefónicas, los interrogatorios, etcétera. A los presos se les han tomado también muestras de ADN para crear un banco de datos, que se sumaría a otro ya existente de medidas biométricas.
La clave para poder realizar los perfiles psicológicos de los sospechosos (de los que se encargan especialistas del FBI) e interrogarlos sobre Al- Qaida era declararlos “combatientes enemigos”. Esa categoría significa, según la doctrina del Pentágono, que pueden estar detenidos indefinidamente y sin acceso a un abogado. La catalogación deja abierta la posibilidad de deportar a los que estén libres de delito o asociación, y juzgar en tribunales militares a quienes estén implicados en conspiraciones terroristas. Pero ninguno ha sido deportado ni acusado desde que llegaron los primeros detenidos el 11 de enero.
¿Se están violando sus derechos? ¿Deberían tener los mismos derechos que un norteamericano a pesar de ser extranjeros hostiles a EE.UU.? Los grupos de derechos humanos y de derechos civiles afirman que sí a las dos preguntas. La Casa Blanca y el Pentágono sostienen que no. El portavoz dela Casa Blanca, Ari Fleisher, señala: “Este es un nuevo tipo de guerra que requiere un nuevo sistema de detenciones y por tanto una adaptación de la Convención de Ginebra”.
La Convención de Ginebra califica de prisionero de guerra a aquel que “viste un uniforme con una insignia reconocida, forma parte de una cadena militar de mando y porta abiertamente armas”. Los prisioneros de guerra tienen derecho a ser juzgados por una corte marcial bajo las leyes militares de EE.UU., que les otorgan derecho a representación legal y a apelar sus sentencias, mientras que bajo los tribunales militares propuestos por George W. Bush se les otorgaría un abogado militar de oficio y tendrían derechos a una revisión de sentencia del propio panel militar que los condenara.
Es una propuesta hipotética, porque los mantiene en lo que el portavoz de Human Rights Watch, Tom Malinowski, califica de “agujero negro”, refiriéndose al limbo de Guantánamo. Esa organización, al igual que otras, está a favor de que se los acuse. Para pasar así a otra fase que al menos indicaría que hay movilidad en el proceso y no la inactividad actual, dicen.
En respuesta a la demanda entablada en los tribunales norteamericanos por las familias de dos británicos y un australiano detenidos en Campo Delta, una jueza dictaminó hace un mes a favor del gobierno de EE.UU. La magistrada Colleen Kollar-Kotelly decidió que el sistema legal de EE.UU. no tiene jurisdicción en Guantánamo. Otra jueza, Gladys Kessler, dictó que se revelaran los nombres de los detenidos en territorio de EE.UU., pero el gobierno se resiste también a esa opción.
La decisión de Kessler no afecta a los presos de Guantánamo, que por expreso deseo del gobierno permanecen como una masa anónima. El propósito es, según el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no revelar información que le pueda ser útil a Al-Qaida. Sólo se ha filtrado una veintena de nombres.
Rumsfeld ha declarado repetidamente que la prioridad de EE.UU. es interrogarlos. Hasta ahora no han tenido mucho éxito. Los detenidos cambian las versiones y dan pistas falsas, como los supuestos atentados que anunciaron para el 4 de julio, que mantuvieron al país en estado de máxima alerta. La presión psicológica está teniendo un efecto contraproducente, que se debe en opinión del psiquiatra de la Universidad de Harvard, Stuart Grassian, a que “en las condiciones que están se vuelven irracionales”.
Las condiciones son una celda de menos de 1,8 metros por 2,4 metros, con lavabo e inodoro y un colchón de gomaespuma. “No les damos opción a que tengan acceso a drogas u objetos con los que puedan infligirse daño –dice el teniente coronel William Costello–. No creemos que intenten contener la respiración porque por acto reflejo volverían a respirar”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.