Por primera vez desde la explosiva “bienvenida” que dieron a la toma de mando de Alvaro Uribe, los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia enviaron una carta oficial al flamante gobierno en la que rechazaron la mediación de la ONU en el conflicto colombiano –que había sido aceptada por este organismo– y se refirieron a las intervenciones públicas de Uribe en su recurrencia a la “guerra total”. La guerrilla contempló un potencial diálogo bajo condiciones impracticables: exigió un área desmilitarizada de 113 mil kilómetros cuadrados, análoga en función a la mucho menor donde mantuvieron las estériles negociaciones con Andrés Pastrana, y que el gobierno acabe con las fuerzas paramilitares de ultraderecha. Por su parte, el gobierno confirmó el reclutamiento de 20 mil campesinos voluntarios en el ejército para diciembre próximo, en el marco del fortalecimiento de la fuerza pública contra la insurgencia. Además, la fiscalía de Colombia abrió una causa contra los dos primeros mandos de las FARC, “Tirofijo” Marulanda y “Mono Jojoy” y otros ocho guerrilleros por haber utilizado armas químicas en septiembre del año pasado.
La posibilidad de que el nuevo gobierno y las FARC se embarquen en un proceso de paz con la intervención de la ONU no fue aceptada por la principal guerrilla del país, que se declaró contraria al “diálogo condicionado” que ello implica. La guerrilla advirtió ayer en una carta publicada en su página web que la propuesta de Uribe muestra como si el conflicto armado, que lleva más de cuatro décadas, “fuera entre la ONU y la insurgencia colombiana, y no entre la insurgencia y el Estado colombiano”. Tal propuesta fue anunciada por Uribe el 26 de mayo cuando ganó los comicios presidenciales, y la detalló el 7 de agosto, cuando asumió en reemplazo del presidente conservador Andrés Pastrana. La ONU jugó un papel determinante en los últimos meses del diálogo entre el gobierno de Pastrana y las FARC. Pero al contrario de entonces, el mando insurgente ratificó ahora que un eventual nuevo diálogo sólo es posible “retomando los diálogos que estamos dispuestos a desarrollar en Colombia y de cara al país, retomando la Agenda Común por el Cambio hacia la Nueva Colombia, firmada con el gobierno de Pastrana, donde deberán participar activamente las organizaciones sociales y populares, en las definiciones de su interés”. En este sentido, contemplan la desmilitarización de los departamentos del Putumayo y el Caquetá como zona neutral de 113.050 kilómetros –análoga en la función a la mucho más discreta zona de despeje del Caguán de 42 mil kilómetros cuadrados–; una política clara del gobierno para acabar con paramilitarismo de ultraderecha; y evitar la terminología de “terroristas” refiriéndose a su organización.
Entretanto, está en marcha el plan uribista de fortalecer el Estado y duplicar las Fuerzas Armadas. Ayer, el Ministerio de Defensa confirmó la incorporación de 20 mil campesinos voluntarios en el ejército en diciembre, en el marco de la propuesta de vincular un millón de civiles con la fuerza pública en la lucha antiinsurgente y así aumentar el pie de fuerza del ejército. A todo esto, la Fiscalía de Colombia abrió una causa contra el jefe máximo y fundador de las FARC, Manuel “Tirofijo” Marulanda y otros nueve rebeldes, entre ellos el jefe militar Jorge Briceño “Mono Jojoy”, bajo cargos de haber utilizado cianuro en el ataque que perpetuaron contra la estación de policía de San Adolfo, el 3 de septiembre de 2001, que causó la muerte de cuatro policías. La guerra total, en todas estas novedades, sólo parece estar cada vez más cerca.