El “No” al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) suena cada día con más fuerza en Costa Rica. A cuatro días del referéndum para decidir si se ratifica el TLC en ese país, la coalición opositora al tratado ha logrado vencer en las intenciones de voto, informó ayer el diario local La Nación. Luego de perder a uno de sus vicepresidentes y contemplar una manifestación multitudinaria por el “No”, el mandatario de Costa Rica ahora enfrenta una prueba de fuego en el único país que no ha ratificado el TLC por la fuerza de la oposición.

Si la consulta popular se realizara hoy, el “No” lograría el 55 por ciento de las preferencias de voto, contra 43 por ciento del “Sí”, informó un sondeo realizado por la firma Unimer para el rotativo costarricence. El resultado representa un cambio significativo después de que una encuesta reflejara ayer una diferencia de 1,6 por ciento entre las dos opciones, lo que era interpretado como un empate técnico. Es más, hace unos dos meses, el “Sí” llegó a mantener una distancia de hasta ocho punto por encima del “No”.

Las nuevas encuestas surgen tras filtrarse a la luz pública un polémico memorando en el que el hasta entonces segundo vicepresidente de la República, Kevin Casas, un diputado oficialista y familiar cercano del presidente Oscar Arias, recomendaba al mandatario adoptar medidas de fuerza para ganar votos por el “Sí”. En uno de los mayores escándalos políticos en la historia del país, Casas tuvo que renunciar a su puesto de elección popular y al de ministro de Planificación que también ocupaba. Desde que el mismo presidente presentó el proyecto de referéndum al Congreso, el “Sí” cuenta con el respaldo de los principales grupos empresariales y privados, mientras que tras del “No” se aglutinan académicos, intelectuales, sindicatos y fuerzas sociales que el fin de semana pasado llenaron las calles de Costa Rica en una señal de protesta contra el TLC.

El domingo el país centroamericano será el primero del mundo en decidir el futuro de un tratado comercial por la vía de la consulta popular. Su agenda de implementación está integrada por leyes que el país tendría que aprobar para poder incorporarse al tratado, entre ellas la apertura de las telecomunicaciones y los seguros –que son monopolios estatales– y nuevas normas de propiedad intelectual.