Primero lo obvio: la detención de la familia Pinochet y sus acólitos es un acto de justicia que llegó tarde, pero llegó al fin. Como Al Capone, no cayeron por su responsabilidad en los incontables casos de asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura pinochetista, ni siquiera por ser partícipes de la usurpación de los poderes del Estado. Cayeron por chorros, por ladrones, por amasar una fortuna a espaldas de su pueblo.

Pero cayeron al fin, cuando nadie lo esperaba, y cayeron en un momento especial para la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la hija del general demócrata que murió en una cárcel pinochetista por defender la Constitución. Bachelet no está pasando por su mejor momento. Dos años de gobierno esencialmente tecnocrático no era lo que habían votado sus simpatizantes. Después de soportar sucesivas protestas masivas de estudiantes, mineros, usuarios de transporte público y trabajadores sindicalizados, con su índice de aprobación en declive constante hasta tocar el piso del 35 por ciento esta semana, Bachelet entendió que era tiempo de encarar la cuestión social y cumplir con la promesa de su partido, el socialista, de avanzar con reformas redistributivas.

A tal fin, hace poco más de un mes, Bachelet formó un consejo de notables, que incluye al líder derechista Joaquín Lavín, y le encargó la redacción de un proyecto de ley de “salario ético” para elevar el piso salarial, garantizar el derecho de huelga, fortalecer a los sindicatos e impulsar planes sociales. También le encargó a su ministro de Trabajo otro proyecto de ley de reforma previsional que habilite un retorno al régimen de reparto y que permita el ingreso de bancos y sindicatos en el negocio previsional.

Tales medidas son resistidas por los empresarios, que a través de los medios que controlan (casi todos) no escatiman críticas para la presidenta. Las AFP, primas hermanas de las AFJP argentinas, resisten la reforma a brazo partido. Los industriales se quejan de los costos laborales y amenazan con retacear inversiones. El cliché que ha impuesto el establishment es que a Bachelet “le falta gobernabilidad”.

Por izquierda no le va mucho mejor. LA CUT, central obrera dominada por comunistas y socialistas, se ha negado a formar parte de la comisión social. Con el viejo argumento peronista de que las comisiones sólo sirven para dormir proyectos, le exigen al gobierno que deje de dar vueltas y presente de una buena vez su paquete de leyes progresistas.

Además, el caos creado por la reforma del transporte público en la capital es una sangría de apoyo público que hasta ahora el gobierno no ha sabido frenar. El desastroso debut del nuevo sistema llamado Transantiago hace poco más de dos meses dejó a millones de personas varadas a la espera de un micro que nunca llega, o haciendo cola para aplastarse en un vagón de subte cargado como lata de sardinas. Después de tres días de furia con la presidenta fuera del país, Bachelet reaccionó nombrando a un zar demócrata cristiano, René Cortázar, a quien le extendió un cheque de 290 millones de dólares para que ponga más micros en la calle y arregle el desastre logístico. Pero los problemas persisten.

Bachelet incluyó un refuerzo de 145 millones de dólares para el transporte en el presupuesto del año que viene, pero Cortázar le hizo un flaco favor cuando salió a decir que iba a arreglar el problema antes de diciembre o, si no, iba a renunciar. Lo menos que dijeron los opositores es que Bachelet es tan débil que los ministros la corren con amenazas de renuncia.

Así están las cosas para la primera mujer en alcanzar la presidencia de Chile, a quien sus críticos machistas gustan de comparar con su popular predecesor, Ricardo Lagos. Cuando Lagos se enojaba, tenía “mando”. Cuando Bachelet se enoja, “tiene mal carácter”. Cuando Lagos se emocionaba, mostraba su “sensibilidad”. Cuando Bachelet suelta una lágrima, es porque es “débil”.

Aislada políticamente, cuestionada por derecha y por izquierda, Bachelet necesitaba un respiro. El fallo de la Justicia chilena la pone otra vez en un rol en el que se mueve como pez en el agua y en el que los aplausos superan por mucho a los abucheos. Es el lugar de la víctima sin rencor, que impulsa la búsqueda de verdad y el castigo a los culpables, pero con un ánimo conciliador, siempre respetando los tiempos de la Justicia, con gestos para sus adversarios políticos como vestirse de negro el día en que murió el dictador.

En este contexto queda claro que una política activa de derechos humanos hoy día sirve para apuntalar al gobierno en Chile, acá y en gran parte de América latina. Más allá de por qué lo hacen los gobernantes, ya sea por oportunismo, ya sea por convicción, ya sea por una mezcla de las dos cosas, el apoyo que reciben por hacerlo muestra cuánto avanzó la cultura democrática en los últimos 30 años y sirve de impulso para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.