El Senado francés aprobó esta madrugada un represivo proyecto de ley sobre la inmigración que, entre sus perversos hallazgos, incluye un controvertido test de ADN para los candidatos a la inmigración que quieran unirse a algún familiar que ya reside en Francia. Pese a la férrea oposición de múltiples sectores de la sociedad, incluso los parlamentarios de la mayoría conservadora, la ley obtuvo 185 votos contra 135 en contra. Los senadores socialistas, comunistas y ecologistas rechazaron aprobar un texto que el Comité Consultivo Nacional de Etica juzgó el mismo día “con contradicción con el espíritu de la ley francesa”.

Ni las protestas de los partidos políticos, los intelectuales, las iglesias, los científicos y hasta la Comisión legislativa del Senado, que reprobó la inclusión de las pruebas de ADN, detuvieron la consolidación de una medida que excede en mucho el marco estricto de su aplicación. El proyecto de ley fue presentado por el ministro de la Inmigración y de la Identidad Nacional, Brice Hortefeux, y su meta oficial consiste en “regular” los flujos migratorios derivados del llamado “reagrupamiento familiar” así como luchar contra el fraude inmigratorio. Bajo esa fórmula se pretende disminuir el número de personas que dicen ser familiares de una persona ya residente en Francia, pero no tienen en realidad lazos sanguíneos con ésta.

La ley plantea la realización de pruebas para los candidatos al reagrupamiento familiar, exámenes de conocimiento de lengua francesa y de los valores de la república, y ello en los países donde residen los solicitantes. En relación con su primera versión, el texto fue modificado. La enmienda prevé que las pruebas de ADN sean gratuitas –antes las pagaba el demandante–, se realicen con la autorización de un juez y estén limitadas a la filiación de la madre. Iniciativas de este tipo no son nuevas en Europa. Con enfoques dispares, las pruebas de ADN ya fueron aprobadas por otros Estados europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Lituania, Noruega, Holanda, Gran Bretaña y Suecia las incluyeron en sus legislaciones.

Sin embargo, el caso francés es más controvertido debido al perfil con el que Francia se presenta ante el mundo. Entre la imagen que Francia quiere dar de sí misma y la imposición de un test ADN hay un abismo sin retorno. El discurso cultural oficial del Estado francés diseña una tierra de tolerancia, cuna de la democracia, apegada por encima de todo a los valores universales del humanismo, tierra de asilo y de justicia, de igualdad y de elaboración de consensos al servicio del hombre y del bien común. Desde hace dos décadas el tema de la inmigración ha roído poco a poco ese sueño sutil de equilibrios y de justicia. Gobiernos de izquierda y de derecha han transitado respectivamente por las huellas de cierto racismo estatal.

La ley aprobada implica también un cambio radical. Hasta la madrugada del viernes la legislación francesa autorizaba recurrir a las pruebas de ADN únicamente con fines médicos y científicos o dentro de una investigación judicial. Ya no. La izquierda francesa se opuso al texto y alegó que éste “tiende a enfrentar a los extranjeros con los franceses”. La discusión de la ley dio lugar en Francia a una sólida campaña en la que participaron personas de todas las sensibilidades políticas. El semanario satírico Charlie Hebdo inició una petición contra el proyecto de ley, aprobado incluso firmado por el primer ministro de derecha, Dominique de Villepin. El ex premier, enemigo político del presidente Nicolas Sarkozy, recordó que, desgraciadamente, Francia ya había conocido en el pasado el “rechazo al prójimo”.

Colmo del patetismo que rodea a esta ley, el ex ministro de Interior y senador gaullista Charles Pascua, conocido por las duras medidas que adoptó contra los inmigrados y por sus declaraciones fronterizas con tesis extremas, salió a decir: “A nosotros, los gaullistas, esto nos trae malos recuerdos. Se conoce el uso que hicieron los nazis de la genética”. El centrista François Bayrou también criticó la iniciativa gubernamental y denunció “la mecánica biológica” de la misma. El ex primer ministro conservador Jean-Pierre Raffarin comentó: “En lo que atañe el pensamiento humanista, el lazo biológico no es el lazo de la familia”.

El alcance moral de una ley semejante es inmenso en Francia y ello explica la intensidad de las reacciones y hasta la toma de posición de la prensa moderada en términos por demás contundentes. En su edición del viernes, el vespertino Le Monde publicó en primera plana un sólido editorial condenatorio. El director del diario, Eric Fottorino, escribe que con dicha ley se terminó de “esbozar el rostro más inquietante de Francia”. El editorialista destaca el hecho más que evidente de que una familia no basa su legitimidad sólo en el lazo biológico.